Opinion | 05 May Finalmente nuestro país se abstendrá en la votación de hoy en la que el ex presidente argentino Néstor Kirchner será designado como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), al lograrse el acuerdo de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque, por lo que ha quedado expedito el camino para que el controvertido ex mandatario asuma este cargo.
El canciller uruguayo Luis Almagro confirmó que dicha designación se estableció por consenso y no por unanimidad, desde que nuestro país anunció su abstención y de esta forma queda un voto solo discordante, aunque no negativo.
Precisamente el voto negativo de Uruguay, que se mantuvo durante la Administración Vázquez como resabio de las divergencias entre ambos gobiernos, a propósito de la actitud del gobierno de Néstor Kirchner en el conflicto por las plantas de celulosa, era el único elemento que se interponía en el camino del ex presidente para asumir este cargo, en el que espera mantener proyección política con vistas a recobrar protagonismo en el escenario político de su país.
Si bien Almagro subrayó que no habrá “ni voto ni veto” respecto al nombramiento de Kirchner, es evidente que estamos ante un cambio de postura fundamental en el gobierno uruguayo, al dar luz verde para la designación de Kirchner, respecto a lo que se formulan una serie de especulaciones. Es que el cargo de secretario general de la Unasur es un mojón que Kirchner estima como fundamental en su trayectoria política, desde que conlleva un grado de prestigio y reconocimiento internacional que solo se formula a mandatarios con un prestigio reconocido dentro y fuera de fronteras.
Precisamente el secretario general de un organismo de estas características debe caracterizarse por su actitud negociadora y de apertura, lo que precisamente está en las antípodas del carácter de Kirchner, quien siempre se ha destacado, para bien o para mal, por su perfil confrontativo y de búsqueda de la derrota ilevantable de sus adversarios. Todo indica que la abstención uruguaya sería un precio a pagar dentro de la negociación bilateral por la reapertura del bloqueo al puente General San Martín, tras el fallo de La Haya, lo que confirma que la política es el arte de lo posible y, a veces, de hacer lo que se debe hacer, aunque no guste.