Paysandú, Domingo 09 de Mayo de 2010
Locales | 02 May (Por Enrique Julio Sánchez, desde Estados Unidos). Aunque la conmemoración del 1º de Mayo recuerda los dramáticos hechos ocurridos en Chicago en 1886, el 1º de Mayo no se tiene en cuenta en Estados Unidos, aunque se recuerda que en los años treinta un puñado de trotskistas realizaba marchas. No obstante, desde hace pocos años la fecha ha sido reinvindicada por los hispanos, que en ella salen a la calle en demanda de sus derechos inmigratorios y de una reforma que contemple no solamente su presencia en la nación sino también el aporte que realizan a la economía nacional.
Ayer se cumplieron manifestaciones en las principales ciudades estadounidenses, pero especialmente en Arizona, donde se acaba de aprobar una ley que criminaliza la inmigración sin documentos. De Nueva York a Los Angeles, en Chicago, Atlanta, Houston y Dallas, en Phoenix y en otras poblaciones de la propia Arizona, donde se encendió la mecha, en más de 70 ciudades, según los organizadores, la gente se echó a la calle en un 1º de Mayo exclusivamente dedicado a la solidaridad con los inmigrantes. En la manifestación de Washington fue detenido el congresista demócrata Luis Gutiérrez por detener el tránsito frente a la Casa Blanca.
En una demostración de fuerza sin precedentes de la comunidad hispana de Estados Unidos, cientos de miles personas, quizá más de un millón, se manifestaron en contra de la ley de Arizona y a favor del derecho de los inmigrantes indocumentados a permanecer en el país en condiciones dignas. “Los peregrinos, los primeros pobladores, no traían papeles”, se podía leer en algunas pancartas.
Obviamente, esta lucha social que llevan adelante los hispanos en Estados Unidos tiene muy escasa repercusión en los propios países latinoamericanos, inmersos en sus propios problemas, en sus debates, en sus inquietudes. No obstante, esto podría cambiar esta misma semana, cuando en la cumbre de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), que se desarrollará en Buenos Aires y a la que asistirá el presidente uruguayo José Mujica, la ley aprobada en Arizona sea considerada. El poner el tema en la agenda, que además considerará la nominación de Néstor Kirchner a la secretaría general, la que fuera vetada por Uruguay durante la presidencia de Tabaré Vázquez por el conflicto con los piqueteros de Gualeguay-chú, fue idea del presidente de Ecuador Rafael Correa, a su vez presidente del organismo. “Responderemos muy firmemente a este atentado a los derechos humanos”, dijo Correa en su informe semanal de labores. “No sé cómo los países ricos van a explicarle a sus futuras generaciones, éticamente al menos, que mientras cada vez impulsan más y tratan de imponer la movilidad de capitales y mercancías, penalizan también cada vez más la libre movilidad de seres humanos”, cuestionó Correa.
El clima se ha calentado extraordinariamente. A las peticiones de boicot a Arizona hechas por los medios progresistas, ha contestado la población local con la reafirmación en sus ideas y algunas figuras de la derecha, como Dick Cheney y Sarah Palin, han solicitado a los estadounidenses que compren productos de ese Estado.
Aquí, en tanto, mientras muchos sectores apoyan un boicot económico a Arizona, los sectores más conservadores han iniciado campañas para apoyar a las empresas instaladas en ese Estado. En el ámbito político, ningún partido está cómodo con lo que ocurre. Los conservadores sienten la presión del sector más liberal del Partido Republicano que cree en la inmigración como uno de los instrumentos básicos para el desarrollo. Los demócratas, que rechazan la ley de Arizona, son conscientes de que cerca de un 60% de votantes la respalda.
El enfrentamiento en Washington va a ser largo y duro. Esta semana, el Partido Demócrata presentó un borrador de la ley de inmigración que elevará a discusión en el Congreso. Además de un camino para la legalización de los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calculan en la actualidad, la propuesta incluye las más fuertes medidas de vigilancia fronteriza que nadie ha mencionado antes.
Los demócratas no quieren dar la impresión de que preparan una amnistía masiva. Saben que eso podría destrozarles electoralmente. Pero el mismo daño podría hacerles mantenerse impasibles ante el deterioro de la situación. Los republicanos, también conscientes de que es urgente actuar para contener la inmigracion de indocumentados, han manifestado su disposición a negociar una ley, pero han rechazado la última propuesta demócrata, que consideran una mera maniobra política. Entre medio, millones de personas esperan con ansiedad la decisión del sector político y la defensa de las organizaciones de derechos humanos.
Probablemente nada de esto preocupe realmente en los países latinoamericanos. Pero aquí la revolución ha comenzado. Porque la justicia no puede esperar. Porque somos humanos y legales.
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