Opinion | 06 May Con evidente satisfacción, el ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimermann, anunció que el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al proyecto presentado por su secretaría de Estado, plasmado en un decreto que solo aguarda la firma del presidente José Mujica, a efectos de regular y promover la micro-generación de energía eléctrica por particulares, con énfasis en las energías renovables.
El secretario de Estado expuso, al fundamentar la iniciativa, que el objetivo apunta a la instalación de aparatos para la generación de energía eléctrica en propiedades particulares, además de apuntarse en el mismo contexto al fortalecimiento institucional, la inclusión social, la diversificación de la oferta y la eficiencia energética --sobre todo con energías renovables--, aspectos todos compartibles, por supuesto.
Asimismo, el titular de esta cartera considera que por este instrumento se lograría el desarrollo de las capacidades productivas propias, de las micro y pequeñas empresas, por lo que el decreto también procura “generar una industria que hoy no existe”.
Uno de los aspectos sustanciales de la resolución del Poder Ejecutivo refiere a que la electricidad generada podrá ser utilizada para el consumo del particular, pero también podrá venderla a UTE, desde que un hogar residencial “puede poner su propio aparato de generación eléctrica y a la vez disminuye el consumo que hace de la red eléctrica o aún en algunos casos vender a UTE la energía eléctrica que produce”.
Según el ministro, además, el decreto “tiene la finalidad de responder a la demanda de mucha gente que ve la posibilidad de desarrollar energía eólica, energía biomasa, energía solar y mini-hidráulica y que ve esta posibilidad de hacerlo, pero no tiene aún la canalización para hacer su propio desarrollo energético”.
Es ampliamente compartible la filosofía de la resolución presidencial, que proviene del Ministerio de Industria, en este caso, pero resta por saber si realmente se cuenta con el mismo entusiasmo de las nuevas autoridades de UTE –queremos creer que sí— y de los mandos medios de la empresa estatal, que hasta ahora han actuado con evidente parsimonia y poca disposición a plasmar en hechos los lineamientos del Poder Ejecutivo.
Ello ha ocurrido en las licitaciones por la generación por biomasa y otras energías renovables en las que incluso en su momento se “topearon” precios por fuera de la licitación, en tanto paralelamente se pagaron precios tres o cuatro veces superiores por la compra de energía eléctrica a países vecinos.
Aún concediendo que esta vez las cosas se hagan de otro modo, a la luz de la negativa experiencia de estos años, debe asumirse que con el decreto que crea un marco regulador no alcanza para alcanzar este objetivo tan significativo, desde que cuando se plantean estas metas debe a la vez acompañarse la idea con la oferta de instrumentos para concretarla.
Y en este sentido los privados se encuentran ante los pro y los contra de una ecuación económica, desde que quien más quien menos tiene en su fuero íntimo la esperanza o la expectativa de poder reducir la dependencia de la factura mensual de UTE, un organismo que castiga a quien más consume con precios que van in crescendo por franjas de consumo, lo que cuesta asumir de parte de un organismo que en su monopolio igualmente depende de lo que vende, y cuando compra generación cara traslada este costo adicional a los clientes cautivos, que no tienen alternativas.
El decreto del Poder Ejecutivo apunta a ensanchar la oferta de generación, pero es impensable que ello pueda lograrse si al mismo tiempo no se cuenta con una oferta diversificada y créditos promocionales para acceder a este equipamiento, desde que si bien es tentador para el privado reducir la dependencia de la costosa factura de UTE, la inversión inicial para la compra e instalación de los generadores en base a energía solar –para calentar agua, fundamentalmente— biomasa o aerogeneradores, requiere recursos iniciales considerables, cuyo reembolso en el ahorro de la factura e incluso de la propia venta al ente se logra al cabo de períodos seguramente no menores a los dos años, en el mejor de los casos.
De no hacerlo así, las buenas intenciones habrán de quedarse solo en los papeles, y ese es un lujo que no podemos darnos, a esta altura del nuevo milenio.