Opinion | 09 May Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se reunió en su sede de Paysandú la Comisión Administradora del Río Uruguay con el objetivo de comenzar el diseño de un monitoreo conjunto de la calidad ambiental del río Uruguay, especialmente en la zona de la planta de celulosa de Fray Bentos.
Sin embargo, no se llegó aún a un punto de acuerdo sobre cómo dar cumplimiento a la recomendación del máximo tribunal internacional de Justicia, puesto que la reunión terminó a la una de la madrugada sin un consenso técnico sobre el monitoreo. Es más, según informaron fuentes del organismo, lo que hubo fue poco diálogo sobre el tema luego que ambas delegaciones presentaran dos propuestas diferentes.
Tanto el gobierno uruguayo como el argentino han señalado últimamente el importante rol que debe jugar la CARU con relación a este tipo de necesarios cuidados sobre la protección del curso de agua compartido, incluido además entre los puntos centrales del Estatuto del Río Uruguay.
Debido al conflicto binacional generado por la instalación de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos, la Comisión Administradora del Río Uruguay sufrió una especie de parálisis que impidió avanzar en temas de interés mutuo referidos al río. Es más, el organismo dejó de cumplir con algunas de sus competencias básicas al interrumpir el Plan de Monitoreo de la Contaminación (Procon), que se desarrollaba desde hace décadas y por el cual se realizaban mediciones de la calidad de las aguas en varias estaciones instaladas en el tramo compartido entre Argentina y Uruguay. Tampoco logró tener andamiento el Procel, un programa para el contralor de la contaminación en la zona de la fábrica de celulosa, ya que el gobierno argentino decidió suspender su participación en el mismo por razones políticas.
Estos hechos lamentables deben ser subsanados de inmediato no solo para cumplir con la recomendación de La Haya y los anuncios realizados por los presidentes de ambos países, sino para restituirle la dignidad institucional a un organismo cuya actuación ha sido cuestionada y que está llamado a cumplir un rol medular en todo este tema. En definitiva, si en verdad existe ánimo de otorgar a la CARU el rol que está llamada a cumplir se requieren hechos, no palabras.