Nacionales | 07 May Los comerciantes reclaman
Parece que a pesar de las dificultades y de un contexto internacional cada vez más inestable, los números del gobierno vienen cerrando bastante bien, en parte gracias a una férrea disciplina fiscal que permanentemente incrementa la recaudación de los organismos. De todas formas, no todo el mundo está de acuerdo con los costos que debe pagar la población en aras de la estabilidad. Según un informe publicado por “Últimas Noticias”, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) lanzó una advertencia sobre el costo del próximo Presupuesto Quinquenal y el precio del dólar, al tiempo que solicitó mayor rigor fiscal y criticó el excesivo peso del Estado. Los comerciantes sostienen que el déficit público del año pasado ascendió a 541 millones de dólares, lo que significa el 1,7 % del PBI, mayor al registrado en 2008, cuando este porcentaje se estableció en 1.4%. “A la luz de estos resultados habrá que estar muy atentos al Proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal a enviar este año por el Poder Ejecutivo al Parlamento, así como a su discusión y aprobación final por parte de éste”, sostuvo la CNCS en un comunicado. Asimismo, reclama el establecimiento de “reglas fiscales claras y concisas, capaces de llevarse adelante para que se cumplan en su totalidad” y culpa al excesivo peso del Estado por la apreciación del peso y la consecuente caída del dólar. “Esta caída del valor del dólar tiene razones internas e internacionales. Las razones internacionales se relacionan con el debilitamiento del dólar, especialmente en relación a las economías emergentes, particularmente Brasil. Las razones internas se relacionan con la expansión del gasto público, que lleva a que el superávit primario resulte insuficiente para atender el servicio de la deuda”, añade el documento.
¿Encerrarlos o liberarlos?
Los altos índices de criminalidad que ostenta nuestro país hicieron que la visión de los ciudadanos respecto al delito experimentara una suerte de polarización entre quienes reclaman “mano dura” y aquellos que minimizan la situación, hablan de trabajar en las causas y comparan la realidad uruguaya con la de otros países. En medio de este antagonismo, los jueces deben mantener la objetividad y fallar de acuerdo a elementos objetivos, sin dejarse influenciar por factores externos. Hay quienes acusan a los magistrados de enviar diariamente delincuentes a la calle, en tanto desde otros sectores se refiere a la superpoblación carcelaria y rechazan la reclusión como única vía para rehabilitar a quienes quebrantan las leyes. Según el mismo matutino, la Suprema Corte de Justicia también entiende que, cuando se trata de menores de edad, no debe abusarse de la privación de libertad, sino utilizarla en aquellos casos en que esté plenamente justificada. A través de una circular emitida en las últimas horas, la SJC recordó a los jueces de adolescentes los contenidos de las Consideraciones del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente sobre el Sistema Penal de Adolescentes. El documento hace hincapié en el “carácter excepcionalísimo de la privación de libertad” y recuerda que, de acuerdo a las consideraciones del referido Consejo, esta medida “debe ser el último recurso y de aplicación fundada por el menor tiempo posible”. Asimismo, la Corte recordó a los magistrados que en nuestro sistema legal “la decisión de privar de libertad debe ser justificada por el juez, atendiendo a la premisa de por qué toma esa decisión y no otra”. Además, observa que en algunos departamentos del país se hace “un uso excesivo de la privación de libertad como medida cautelar en los procesos iniciados, sin que aparezcan debidamente fundadas las razones por las cuales no se aplican otras sanciones no privativas de libertad”.
Ladrones de cuello blanco
Además de preocuparse por quien arrebata una cartera o deambula por los techos en busca de qué robar, el gobierno también debe vérselas con delincuentes mucho más sofisticados, capaces de llevarse millones al bolsillo a través de complejas maniobras financieras. Es por eso que en los últimos años se ha hecho especial hincapié en la labor de la Secretaría Antilavado de Activos, cuya dirección fue asumida en las últimas horas por Carlos Díaz, quien se comprometió a continuar con el cronograma trazadado por su antecesor, Gil Iribarne. Según informó “La República”, el nuevo jerarca adelantó que a la brevedad se reglamentarán varios aspectos de la Ley Antilavado para poner especial énfasis en la “actividad de los operadores inmobiliarios”. “En nombre de los equipos, porque lo que uno viene a hacer es coordinarlos, le digo al señor presidente que no vamos a subestimar esa amenaza y tal cual como lo formulamos en el 2006, seguiremos haciendo absolutamente todo aquello que la ley nos permita hacer”, enfatizó Díaz, en tanto admitió que serían necesarios más recursos, pero dijo que podrá trabajar con lo que hay disponible.