Locales | 13 May MONTEVIDEO (Por Teddy Alvarez). El “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos” , presentado en Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que América Latina es la zona más violenta del mundo, porque concentra el 8% de la población, pero se cometen el 40% de los homicidios y el 66% de los secuestros extorsivos a nivel mundial, cada año. En la elaboración de dicho informe participó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y su representante para la región, Amerigo Incalcaterra, sostuvo que los Estados latinoamericanos no han desarrollado las capacidades para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas contra el crimen y la violencia.
Incalcaterra sostuvo que un gobierno democrático “con un claro compromiso con la gente”, y que tenga “la convicción de que el poder que le fue otorgado por las y los electores”, tiene como única finalidad “servir a las personas y no a sus propios intereses”. Dicho gobierno “debe tener muy claro que la mejor manera de hacer efectivos esos compromisos es respetando, protegiendo y promoviendo los derechos humanos” de todas las personas “sin ningún tipo de discriminación”.
Asimismo, el representante regional de la OACNUDH, aclaró que “los derechos humanos no pueden ser entendidos como obstáculos a la acción gubernamental en labores de seguridad ciudadana” sino, por el contrario, “deben ser entendidos como referentes que guían la acción de las autoridades y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” y resultan “verdaderos indicadores para medir el desempeño del Estado”.
“Los derechos humanos hacen posible la vigencia de la seguridad ciudadana a la vez que esta hace viable el respeto a los derechos humanos. Ambos objetivos se refuerzan y nutren recíprocamente en democracia”, concluyó Incalcaterra.
Frente a la utilización de militares en tareas de seguridad ciudadana, dijo: “reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad por proteger, en situaciones donde se desafía a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas… Sin embargo, utilizar a los militares continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley -en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas”. Por ello, “la atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo”, aseveró Incalcaterra.
Frente al restablecimiento del orden ante una situación de disturbio o conflicto social, sostuvo que “las intervenciones de las fuerzas del orden han dejado una estela de abusos y atropellos inadmisibles. Es indudable que cuando el orden público es quebrantado, es debido restablecerlo. Empero, todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos, en especial con el respeto a los derechos a la vida, a la integridad, la libertad y la seguridad personal. Importante es, además, insistir que la intervención del Estado no debe criminalizar la protesta social”.
Ante las declaraciones de estado de excepción o de emergencia, Incalcaterra recordó que “… los Estados Partes deben justificar escrupulosamente no solo su decisión de proclamar el estado de excepción sino también las medidas concretas que adopten sobre la base de esa declaración. Si los Estados se proponen invocar el derecho a suspender obligaciones contraídas en virtud del Pacto, deben poder justificar no solamente que la situación constituye un peligro para la vida de la nación, sino también que todas las disposiciones que suspenden la aplicación de disposiciones del Pacto son estrictamente necesarias según las exigencias de la situación”.
Finalmente, recomendó a los gobiernos de la región a tomar en cuenta el “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos” y en especial sus recomendaciones en la medida que estas orientan al establecimiento de una política de seguridad ciudadana en pleno respeto a los derechos humanos.