Opinion | 09 May Las enormes diferencias salariales dentro del Estado son uno de los grandes temas pendientes en nuestro país y su corrección debería inevitablemente formar parte de toda reforma del Estado que se intente, desde que mantener la actual situación –que se arrastra desde hace décadas, naturalmente-- conlleva convalidar injusticias, postergaciones y privilegios que nada tienen que ver con las reales exigencias del trabajo, capacitación y dedicación para cumplir con la tarea del funcionario público.
La “madre de todas las reformas” anunciadas pomposamente en su momento por la Administración Vázquez quedó solo en el enunciado, porque ante un diagnóstico más o menos aproximado de la realidad, y del sentir de la ciudadanía respecto a los males crónicos de nuestro Estado, se optó por “irla llevando” y no chocar con las organizaciones de funcionarios, que son naturalmente los principales interesados en que no se toque nada en el ámbito estatal.
Pero no todos los funcionarios están en la misma situación, porque tenemos por un lado, a modo de ejemplo, a ascensoristas y conserjes de organismos públicos que perciben ingresos muy por encima del promedio de docentes y hasta de servidores públicos en funciones de alto riesgo, como bomberos, policías y los mismos soldados, entre otros, que figuran entre los más sumergidos dentro del Estado.
En el Ejército, precisamente, de acuerdo a un informe publicado por el diario “El País”, en 2009 hubo unos 2.800 pedidos de baja, lo que equivale a perder siete soldados por día, y de los cuales la mayoría pasó a la Policía, otros a empresas vinculadas a Botnia y un grupo minoritario pasó a trabajar en la temporada turística.
Estos datos fueron aportados por el Comando General del Ejército, y a la vez esta realidad ha generado preocupación en el seno del gobierno, ante la continua fuga de personal subalterno y más aún cuando se resolvió asignarle a Defensa tareas vinculadas con la seguridad de las cárceles.
Y una idea del panorama en el sector es revelado por los datos que surgen de la encuesta realizada por el comando, que indica que como consecuencia del bajo nivel salarial el 10 por ciento de los soldados vive en asentamientos, el 44 por ciento es inquilino, el 32 por ciento es propietario de su vivienda y otro 10 por ciento reside en una vivienda compartida con otras personas.
Los indicadores básicos estudiados para determinar esta categorización del personal incluyen disponibilidad de agua potable, situación de hacinamiento, servicio sanitario en el domicilio, vivienda, energía, capacidad de subsistencia y asistencia escolar de los hijos.
Precisamente ante estas carencias, el 22 por ciento de los hijos del personal subalterno ha desertado del sistema educativo formal, lo que presenta indudablemente un problema adicional para el futuro, porque indica que se está ante un legado de más marginación y de reproducción de situaciones de pobreza y postergaciones socioeconómicas.
Un informe reservado del Área de Bienestar Social del Comando del Ejército concluyó por su lado que la situación socioeconómica del personal militar “es estructuralmente crítica”, alcanzando niveles de pobreza superiores a los observados en el país.
Paralelamente, el soldado está sometido a un régimen horario intenso, al entrar al cuartel a las siete de la mañana y retirarse a las 14, luego de almorzar, a lo que se agrega muchas veces un plan de ejercicios castrenses y guardias algunos días a la semana.
La única alternativa real de mejorar su situación económica, por lo menos en forma transitoria y eventualmente poder adquirir un terreno o vivienda muy precaria surge si el militar logra participar en alguna de las misiones de las Naciones Unidas, lo que igualmente comprende estar lejos de su familia durante seis meses, en un ambiente difícil y con riesgos adicionales.
Y si bien el gobierno ha indicado que su idea es equiparar el sueldo de la Policía y el Ejército en cinco años, no es menos cierto que también los salarios que se pagan a los efectivos policiales son bajos, que su personal subalterno también reside en gran porcentaje en barrios marginales o directamente en asentamientos irregulares, donde convive con delincuentes y sufre presiones de todo tipo junto a sus familiares, lo que indica que las respuestas que se necesitan todavía están muy lejos y que es preciso ir corrigiendo lo antes posible esta flagrante injusticia salarial.