Opinion | 10 May La ayuda que ha decidido canalizar la Unión Europea hacia Grecia por un monto del orden de los 110.000 millones de dólares, tras allanarse Alemania a esta contribución, no ha sido una concesión graciosa de los líderes europeos sino un intento manifiesto de la alianza continental por evitar que se dé un efecto contagio por este factor, de consecuencias imprevisibles.
Ocurre que el déficit fiscal griego ha llegado a niveles que han derivado en una crisis irreversible en el corto plazo sin la asistencia que ha acordado la Unión Europea, por cuanto en países como España, Italia, Portugal e Irlanda, el déficit fiscal ha trepado también a niveles muy significativos respecto al Producto Bruto Interno (PBI), lo que da la pauta de que de dejarse discurrir la crisis griega tal como se venía perfilando, se correría el riesgo de una cadena de situaciones similares y de esta forma afectar la economía europea y por ende de los mercados mundiales, con un efecto similar al que se diera por la burbuja que estalló en Estados Unidos.
El serio problema en el que ha ingresado Grecia pone de relieve que no es posible seguir eternamente en la “calesita” de gastar más recursos que los que se tiene, porque la única alternativa en semejante desfasaje es seguirse endeudando, reducir sustancialmente el gasto público y/o tratar de obtener ingresos como sea.
Pero con el paso de los años, pese a que se sabía que esas eran las únicas posibilidades para los griegos, las medidas que se han adoptado ante este panorama han sido muy tibias, para no pagar costos políticos, por cuanto implica la necesidad de adoptar ajustes que se traducen inevitablemente en una reducción de la calidad de vida de la población, deterioro de los puestos de trabajo y desempleo, en primera instancia, antes de iniciar el lento camino de la recomposición de la economía. Es decir que no hay remedios agradables, y en este caso el trauma se debe a que no se adoptaron los correctivos en tiempo y forma, como ocurre en un hogar donde se sigue gastando más que lo que ingresa, hasta que un día la burbuja estalla cuando se hace insostenible.
En su momento Grecia, como también España y las demás naciones europeas amenazadas, debieron ajustarse a la realidad, pero lo han hecho, en el mejor de los casos, muy parcialmente y apuntando a que con el tiempo las cosas podrían acomodarse, de forma de no pagar con aplastantes derrotas electorales las consecuencias negativas en la economía y en la situación social del país.
Lo que le ocurre a Grecia ha sido un escenario que hemos vivido en más de una ocasión los latinoamericanos y también nuestro país, por las mismas circunstancias, e incluso actualmente el Uruguay enfrenta un déficit fiscal cercano al 2 por ciento del Producto Bruto Interno que es considerado “manejable” por el equipo económico de gobierno, lo que es una actitud discutible, desde que todo depende de las circunstancias externas, que hasta ahora han sido favorables, pero que pueden cambiar de un momento a otro, y sobre todo si llega a permear la crisis europea que se trata de evitar.
Lamentablemente, este déficit se debe a que el gobierno, durante la Administración Vázquez, aumentó sensiblemente el gasto público al punto que éste creció más que la recaudación, mientras que la deuda externa creció en varios miles de millones de dólares, por lo que se perdió la excelente oportunidad que brindó la coyuntura favorable externa que llevó a nuestros productos primarios a cotizaciones récord, para obtener un colchón de recursos que pudiera ser utilizado en tiempos de baja de la actividad. Lamentablemente, ocurrió que lejos de actuar con cautela en este sentido, se gastó más de lo debido y lo que es peor, se han asumido compromisos en gastos fijos que solo pueden sostenerse con una actividad sostenida, pero que serán una limitante muy severa cuando las condiciones internacionales varíen y nos encontremos con dificultades para atender este déficit.
En momentos en que el gobierno está iniciando los contactos para plasmar en un proyecto de ley el presupuesto para el quinquenio, deben ponerse las barbas en remojo para actuar con sentido común a efectos de no situar el gasto sobre una previsión de ingresos que no será fácil sostener, y así minimizar los riegos de que se acreciente el déficit fiscal con serias consecuencias para el presente y el futuro del país, pese a las presiones de los grupos corporativos que viven del Estado y que procurarán sacar una tajada aún mayor de la riqueza que generan los sectores reales de la economía.