Opinion | 15 May Los períodos inmediatos a los actos electorales no son un buen momento para encarar precisamente reformas al sistema electoral, a partir de diagnósticos y evaluaciones surgidas de situaciones en “caliente”, que dependen en grado sumo de las expectativas que tenía cada partido o sector político respecto a su suerte en los comicios.
Es decir, un grado mínimo de sentido común indica que es preciso dejar transcurrir un período prudencial, permitir que los hechos se decanten, analizar el escenario en la forma más desapasionada posible y, lo que es más difícil, formular propuestas que trasciendan la coyuntura, el revés o el éxito electoral del momento, para pensar en eventuales reformas que apunten al interés general y sin medir los beneficios o perjuicios que podrían generar para los intereses de tal o cual partido.
Con elecciones departamentales todavía muy frescas, e incluso cuando todavía hay intendencias por definir, han surgido en todos los partidos voces que alertan sobre el “hastío” de la ciudadanía al ser convocada a votar cuatro veces en poco más de un año, teniendo en cuenta las elecciones internas, las nacionales, el balotaje y las departamentales, por lo que existe un principio de consenso respecto a la necesidad de acortar esta sucesión de convocatorias a las urnas.
Ocurre que una cosa es reconocer que la reforma aprobada en 1996 tiene como factor negativo extender en demasía el período electoral, haciendo que tanto los dirigentes como los ciudadanos se sientan agobiados por campañas que se extienden por prácticamente dos años, a la vez de afectar duramente las arcas partidarias, y otra coincidir en alguna fórmula que permita acotar el ciclo, sin a la vez afectar la libertad del elector y logros fundamentales como la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y las departamentales.
De acuerdo a lo manifestado por dirigentes políticos, y con lo que coincidimos, el mejor tiempo para encarar contactos en procura de acuerdos es el segundo semestre de este año, y en lo posible plebiscitar la eventual reforma constitucional que surja de estos acuerdos en el primer semestre de 2011, lo que significa aislarla de las siguientes instancias electorales.
El primer problema que se presenta, empero, es que muchos conceptos que se han expresado antes y después de la convocatoria del 9 de mayo se manifiestan con una óptica abiertamente capitalina, y aparentemente se está dispuesto a sacrificar uno de los aspectos que ha sido sustancial para garantizar la independencia del voto del ciudadano del Interior, que es precisamente la separación de las convocatorias locales de las nacionales.
Entre otras propuestas, se trata de promover que se instaure el voto cruzado, es decir que en un mismo acto electoral simultáneamente se pueda votar por un candidato de un partido en lo nacional y por otro en lo departamental, a lo que debe agregarse a la vez la votación en las alcaldías, donde también se propondría la posibilidad de cruzar el voto, lo que implicaría una profusión de listas prácticamente inmanejable para el común del ciudadano.
Si la idea es acortar el período, tal vez debe buscarse hacerlo por el lado de las elecciones internas, que son precisamente las que inician el ciclo, son realmente prescindibles y fueron incorporadas por esta reforma para complacer al Frente Amplio, como forma de llegar a un candidato común por partido, en lugar del doble voto simultáneo que habilitaba candidaturas múltiples por partido.
Pero la coalición de izquierdas, pese a este preacuerdo, finalmente no votó la reforma, porque la mayoría de sus sectores se opuso al balotaje o segunda vuelta, lo que es una incongruencia con el respeto a la legítima voluntad del elector, si tenemos en cuenta que realmente permite al ciudadano tener la oportunidad de decidir con su voto, por mayoría real y no relativa, sobre quien prefiere en el sillón presidencial.
Tal vez una fórmula a incorporar al balotaje es establecer que si un partido logra la mayoría parlamentaria, como logró la coalición de izquierdas en octubre, se deje sin efecto la segunda vuelta, otorgando la presidencia al candidato del partido más votado, aunque no llegue al cincuenta por ciento más uno de los votos.
Pero lo que el Interior nunca debe permitir, por más que procuren hacerlo las dirigencias centralizadas de todos los partidos, es volver a unir las elecciones nacionales y departamentales en una misma contienda electoral menos aún ahora que además se suman los municipios, y por el contrario, sus dirigentes deberían promover en todo caso que las elecciones departamentales se desarrollen a medio período, separándolas convenientemente, como se hace en muchos países, para no recaer en la trampa del arrastre y la dependencia de los líderes nacionales.