Opinion | 13 May Retomando una línea argumental que expuso en la campaña electoral y que reafirmó en su discurso de asunción ante la Asamblea General Legislativa, el presidente de la República, José Mujica, hablando ante funcionarios de Ancap, exhortó a los funcionarios públicos a trabajar en pos del crecimiento del país y a no caer en la tentación de “inventar más días feriados para no laburar”.
Los conceptos fueron vertidos en oportunidad de la asunción del nuevo Directorio de Ancap, que es nuevamente presidido por Raúl Sendic, instancia en la que el jefe de Estado también pidió mayor compromiso con los intereses del país. “Esta empresa no es propiedad de ustedes (los funcionarios). Esto es propiedad del pueblo uruguayo. Nunca pierdan la perspectiva del objetivo, todos ustedes son suplantables. Lo que no es suplantable es nuestro pueblo. Ustedes no están para servirse, ustedes están para servir y en ese servir, realizarse como hombres, como mujeres”, sostuvo Mujica.
Amplió respecto a que “no podemos seguir como un Estado paquidérmico, sin compromiso, inventando festividades para no laburar. No podemos seguir con un país que no asume que el progreso es hijo del trabajo humano y que gastar la vida significa comprometerse con el trabajo. Y que pasar seis o siete horas laburando, mirando el reloj cuando me voy, es más fácil pasarlos a la carrera, ¡zas!, se pasó la hora, porque uno está comprometido con el hacer, con el compromiso, no por lo que nos paguen, sino por lo que le vamos a dejar a la sociedad que va a venir”.
Aunque dicho de una forma casi ininteligible, seguramente la gran mayoría de los uruguayos estamos de acuerdo con el concepto que quiso expresar, que por cierto es lo mismo que lo que desde estas páginas venimos reclamando al Estado desde hace décadas: mayor compromiso de los empleados de las empresas públicas, terminar con la inamovilidad de los funcionarios, y por sobre todo poner al Estado al servicio del país, y no a la ciudadanía al servicio de los gremios estatales como sucede hasta ahora.
En este sentido recordamos expresiones del ex vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, cuando acertadamente señaló que las empresas públicas en los hechos están privatizadas, porque en los hechos los dueños son los funcionarios que trabajan en ellas.
Que los gremios ejerzan la defensa de sus derechos no está mal porque para eso están, pero lo que lo que no es correcto es que se proclame una y otra vez que se está actuando en defensa de la población, cuando las cosas son exactamente al revés.
El ciudadano común financia con sus impuestos los salarios del funcionario público, por lo que en definitiva estos trabajadores son prestadores de servicios a su empleador, que es el pueblo y quien por lo tanto al menos en teoría es el auténtico “dueño” de las empresas públicas. Pero desde hace décadas estamos en el mundo del revés, con un ciudadano rehén de los caprichos de un gremio –COFE— insaciable y hasta ahora omnipotente, al que poco y nada le importa el destino del país sino los intereses propios, y que impuso su voluntad a fuerza paros nacionales y plebiscitos cada vez que el gobierno de turno osó buscar algún cambio que pudiera afectar su reinado. En todo esto tuvo un invaluable aliado en el Frente Amplio incluso antes de existir como tal, por lo que las palabras del propio Mujica no dejan de sorprender cuando claramente expresa que “ustedes (los funcionarios públicos) no están para servirse, ustedes están para servir”, poniendo las cosas en su justo orden.
Por supuesto, nadie a esta altura puede discrepar que se necesita imperiosamente una reforma del Estado que tenga carácter estructural y que pase también por el cambio de mentalidad del funcionariado público, de los jerarcas y mandos medios para que asuman sus responsabilidades y manejen las cosas del Estado como si fuera una empresa privada, con eficiencia y búsqueda de la excelencia. Ocurre además que los plazos urgen, desde que es notorio que lo que no se haga en el primer año de gobierno o a lo sumo en el segundo, queda para las calendas griegas, porque empiezan a aparecer los reparos ante los costos políticos, el rechazo visceral de las organizaciones de funcionarios del Estado, las corporaciones y los sectores radicales.
De ahí que estos conceptos que todos compartimos –y aplaudimos-- y que ha expuesto reiteradamente el mandatario, necesitan ahora que el presidente ponga el cable a tierra, para plasmarlos en hechos que permitan transitar el camino inevitable de la reforma del Estado.
Pero esta cruzada no puede ser encarada solo por un partido, sino que deben buscarse consensos y debe hacerse entre todos, ocupando el tiempo que sea necesario, compartiendo responsabilidades ante una ciudadanía que necesita respuestas y no promesas tras promesas.