Opinion | 14 May En las últimas horas –confirmando lo adelantado hace pocos días a EL TELEGRAFO por el vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori-- el gobierno ha remitido un proyecto de ley por el que apunta a modificar la normativa que regula la operativa de las Administradoras de Ahorros de Fondos Provisionales (AFAP), permitiendo que inviertan en el exterior, coloquen dinero en bancos de plaza y faciliten a sus afiliados el otorgamiento de préstamos personales.
La reforma introduce modificaciones que eran reclamadas por el sector privado, y que facilita la colocación de dinero en proyectos productivos y de infraestructura, habilita la compra de acciones de empresas privadas, incluyendo la posibilidad de colocar dinero a plazo fijo en bancos locales, permite realizar préstamos de dinero a sus afiliados y la adquisición de bonos de gobiernos extranjeros.
La disposición --de ser aprobada en el Parlamento-- autoriza a que las administradoras adquieran hasta un 50% de los activos del Fondo de Ahorro Previsional, “valores emitidos por empresas públicas y privadas, títulos de deuda o títulos mixtos de fideicomisos financieros uruguayos y cuotapartes de fondos de inversión uruguayos”, que coticen en el mercado formal. Además, se les permitirá realizar colocaciones por hasta un 30% de sus activos en “depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera que se realicen en instituciones de intermediación financiera instaladas en el país” y se admitirá que hasta un 15% de sus dineros puedan colocarse “en valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia”.
La norma autoriza también a que otro 10% de sus existencias financieras sea colocado en “instrumentos financieros emitidos por instituciones uruguayas o extranjeras que tengan por objeto la cobertura de riesgos financieros del Fondo de Ahorro Provisional”.
Un aspecto significativo a tener en cuenta, desde el punto de vista político, es que en los considerandos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo aseveró que “el régimen previsional (privado) (...) ha funcionado adecuadamente, en particular en lo que refiere a la administración del Fondo de Ahorro Previsional (AFAP)”, lo que se sitúa en las antípodas de la postura de los sectores más radicales de la coalición de gobierno, incluido el Pit Cnt, sin olvidar al propio presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, que han apostado reiteradamente a la derogación de las AFAP y retornar enteramente al sistema de solidaridad intergeneracional en el organismo, con todos los aspectos negativos que ello entraña.
Lo realmente importante de esta norma que propone el Poder Ejecutivo refiere al uso de los dineros de los trabajadores que son administrados por estas entidades, cuyo fin es precisamente favorecer el ahorro de quienes aportan en su vida activa y que puedan disfrutar de sus depósitos al cabo de su retiro, por lo que la administración de estos fondos es fundamental para garantizar las futuras prestaciones de los afiliados.
Y los afiliados son precisamente personas activas que dependen del mantenimiento de sus fuentes de trabajo para asegurar una calidad de vida decorosa en su retiro, por lo que en realidad su futuro está dependiendo tanto de la rentabilidad de las AFAP como de mantener y mejorar sus puestos laborales para seguir aportando.
La posibilidad de que las AFAP financien obras de infraestructura y proyectos de desarrollo, con la consecuente rentabilidad, se inscribe precisamente en la conveniencia de proporcionar instrumentos para que puedan materializarse y/o desarrollarse emprendimientos productivos cuyo nudo gordiano es la obtención de recursos, desde que a partir de esta posibilidad se recicla la actividad económica y se genera la riqueza que es centro del círculo virtuoso para generar más trabajo y mejores remuneraciones, con los consecuentes efectos en oferta y consumo de bienes y servicios.
Resulta un contrasentido, evidentemente, que prácticamente el cien por ciento de los ahorros de las AFAP se vuelque al circuito financiero y compra de deuda pública, lo que es cierto, genera rentabilidad y refuerza la posición del Estado, pero no se trata de un destino específico que obre como reaseguro de trabajo para los propios beneficiarios de las AFAP y de los trabajadores en general, sin descartar la posibilidad de financiar planes de vivienda a largo plazo.
Por lo tanto esta norma que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento contempla la posibilidad de diversificar el uso de estos fondos, sin perder de vista el fin último de generar rentabilidad para los trabajadores, los verdaderos dueños de los fondos, lo que constituye una decisión que va en la dirección correcta, a la luz de una evaluación del funcionamiento de estas entidades creadas a partir de la reforma del sistema previsional de 1996.