Opinion | 14 May Los niños son el bien más preciado de una sociedad y tanto en el tránsito como frente a otros riesgos, son quienes están más expuestos. La forma en que ellos viajan en los transportes escolares, ya sea cada día de la casa al local escolar o en salidas didácticas, cobró notoriedad en los últimos días a raíz del fallecimiento de una niña de 11 años en un accidente de tránsito en Montevideo.
Al igual que en los medios de transporte colectivos, en la amplia mayoría de los casos de transporte de escolares los niños viajan sin ningún tipo de sujeción y aunque la empresa de traslado cuente con todos los permisos en regla los riesgos de lesiones están incrementados por la ausencia del cinturón de seguridad.
Lo llamativo es que la ley de tránsito y seguridad vial lo prevé en su articulado aprobado en noviembre de 2007, pero falta la famosa reglamentación que no se ha logrado porque las discrepancias de intereses han primado sobre el interés superior de garantizar la seguridad de los menores.
Que en el mercado no hay masivamente cinturones de tres puntas regulables es un argumento relativo que entre la aprobación de la ley en 2007 y el 2010 debería haberse tenido en cuenta. Que las camionetas son difíciles de adaptar es una afirmación que parece estar más cercana a “no se quieren readaptar porque se disminuye la capacidad del vehículo”. La responsabilidad no es exclusividad de ninguno de los actores en sí mismo, es compartida entre empresarios, organismos estatales reguladores –ya sea intendencia o ministerio de transporte— y los padres que contratan.
Evidentemente cualquier mejora en la calidad de un servicio implica reducciones de ganancias o aumentos de costos pero, en este caso, el valor de “la carga” que transportan lo amerita.