Escribe el Dr. Rodolfo Canabal

Locales | 11 May Las elecciones  departamentales y municipales que se realizaron el pasado domingo fueron, tal como es tradicional y habitual, un nuevo ejemplo de la plena vigencia de un régimen de garantías electorales, de libertad de expresión, de total y mutuo respeto entre las colectividades políticas y sus integrantes de todos los derechos, al punto que, como lo han señalado en estos días visitantes foráneos, la realización de tal proceso electoral en nuestro país es un ejemplo que traspasa nuestras fronteras. Es con profundo orgullo que se insertan tales conceptos.
A estar por los resultados que hasta el momento en que se escribe esta nota han trascendido como ya definidos en lo fundamental, el Partido Nacional triunfó en diez departamentos (Río Negro, Tacuarembó, Soriano, Flores, Durazno, Cerro Largo, Colonia, San José, Lavalleja y Treinta y Tres), el Partido Colorado en dos (Rivera y Salto) y el Frente Amplio en cinco (Montevideo, Canelones, Artigas, Rocha  y  Maldonado). En Paysandú y Florida la paridad de votos impide todavía saber cuál partido triunfó. Es oportuno expresar que en Salto se había hecho un acuerdo entre un núcleo de ciudadanos nacionalistas y colorados que sin duda gravitó en dicho resultado final.
Se ha señalado, por los especialistas que han analizado los resultados registrados en Montevideo, que se dio un importante porcentaje, por encima de lo que es habitual, de votos en blanco o anulados;  algunos atribuyeron tal hecho a un “voto castigo” en el Frente Amplio, concepto que el autor de esta nota  considera no tener suficientes elementos de juicio para compartir.
También se ha expresado que en Montevideo hubo alta abstención con relación al voto municipal, vale decir, a alcaldes y concejales. Como señala “El País”, según las encuestadoras  por lo menos dos de cada tres votantes no emitieron al respecto su voto; se entiende que las primeras evaluaciones lo atribuyen a que hubo poco o escaso tiempo para informar  del sistema, según voceros oficialistas, en tanto en sectores de oposición se considera que ello fue en razón de no compartirse por los electores metropolitanos la descentralización que consagra el nuevo régimen.
La realidad no coincide plenamente con tales opiniones. Es cierto que el tiempo disponible para informar acerca de lo que la nueva ley aportó no fue amplio, pero también lo es que no se aprovechó bien ese tiempo por los partidos para explicar, con la debida precisión, síntesis y claridad, cuál es lo sustancial y también lo ventajoso del nuevo régimen. La mayor responsabilidad por tanto les corresponde a todas las colectividades políticas.
Pero, sumado a ello, en Montevideo tuvo importante gravitación el hecho de que un altísimo porcentaje de votantes jamás se preocupó por trasladar su inscripción al lugar de su domicilio, pues hasta las elecciones de 2009 ello era intrascendente para la incidencia y emisión del voto. Pero desde la reciente elección ello cambió, y determinó que muchos votantes debían votar por alcaldes y concejales de zonas muy alejadas de la de su residencia, lo cual, en razón de la falta de suficiente conocimiento del nuevo régimen, hizo que se desinteresaran por alcaldes y concejales.
Tal realidad fue sin duda la que causó dicho desinterés, y la circunstancia de que ello fuera predominante en Montevideo y no en el Interior lo pone en clara evidencia. 
Los resultados de la elección que se comenta ponen también en evidencia el muy grave error que significaría volver a la simultaneidad de las elecciones departamentales y municipales y la elección nacional, porque, como hace muy poco lo explicamos en esta columna, dificultaría considerablemente que las realidades departamentales y locales graviten en la forma en que corresponde y es deseable en las luchas políticas, pues la influencia de la centralización de las direcciones nacionales de los partidos dificulta que prevalezcan las realidades locales.
La abreviación del lapso en el cual se deben realizar las distintas elecciones de ninguna manera debe inducir a la eliminación de tal separación en el tiempo de elecciones nacional y departamentales y municipales. Acaso sería pretinente analizar si no facilitaría el acortamiento del período electoral establecer prohibiciones temporales para el comienzo de la propaganda relacionada con cada una de las diversas elecciones.
Ello seguramente contribuiría a mejor aprovechamiento del tiempo para otras actividades útiles a quienes intervienen en la actividad política, en particular a sus más importantes dirigentes. Piénsese al respecto que uno de los argumentos que se han formulado para acortar el lapso de  elecciones  refiere a que para las elecciones internas de junio de 2009 la actividad comenzó en setiembre de 2008. . .