Opinion | 19 May Aunque de vez en cuando el presidente José Mujica lanza algún “misil” dirigido a exponer ante la opinión pública las falencias en la gestión del Estado y sobre todo poner de relieve que los funcionarios estatales deben servir a la población y no seguir reclamando más beneficios, todavía el mandatario no ha planteado una propuesta armada y concreta para esta vez llevar a los hechos aquello que una y otra vez anunciara el ex presidente Tabaré Vázquez respecto a que iba a promover “la madre de todas las reformas”, que finalmente quedara en la nada.
El punto es que desde el gobierno deberá poner en marcha medidas que afectarán intereses de quienes durante muchos años fueron socios en la lucha para llegar al poder por la vía de las urnas, como es el caso de las agremiaciones de funcionarios públicos, así como sectores de izquierda que han seguido levantando banderas como la lucha de clases y opuesto tenazmente a las privatizaciones, tercerizaciones, asociaciones y reducción de la omnipresencia del Estado.
El mandatario a la vez hizo algo impensable hasta hace pocos meses: pedir asesoramiento a profesionales que han estado desde siempre en las antípodas del pensamiento de la izquierda, pero que conocen muy bien los mecanismos de funcionamiento del Estado, sus vericuetos y burocracia paralizante.
Es así que a pedido del presidente, el Dr. Daniel Ferrere, del estudio del mismo nombre, ha elaborado un boceto de proyecto a ser presentado en agosto, según expresó en un programa radial a la periodista Sonia Breccia, de lo que da cuenta La República.
Al ser consultado sobre expresiones del mandatario respecto a los funcionarios públicos y la reacción crítica del Pit Cnt , Ferrere expresó que “el presidente ha tenido la valentía innegable de llamar a las cosas por su nombre; ahora lo que a mi juicio está expresando es su frustración, porque hay cosas que son obvias y evidentes. Y la ciudadanía sabe que hay una resistencia sistémica del aparato del Estado a ejecutarla”, a la vez de señalar que “todos sabemos lo que hay que hacer”. Expuso que a solicitud del presidente redactó un proyecto de reforma condensada en algunos artículos y una serie de decretos y resoluciones administrativas, pero a la vez aclaró que “el sistema de funcionarios públicos requiere para transformarse definitivamente cuatro o cinco decretos, que son fáciles”.
Según Ferrere, estos decretos deben referir por un lado a contrataciones dentro del Estado, uno para regular los ascensos, otro para regular los contratos de los funcionarios públicos y otro para regular la redistribución”, en tanto consideró que es preciso reglamentar la ineptitud u omisión, lo que se podría hacer mediante algunos decretos “y cuatro o cinco artículos de la Ley de Presupuesto”.
Otro aspecto que consideró del caso incorporar es el que tiene que ver con las compras del Estado, que solo necesitarían resoluciones administrativas, pero aclaró que su proyecto apunta a “plantear una reforma eficiente y operativa que cambie las cosas que realmente hay que cambiar”.
Con relación a la reacción adversa del Pit Cnt a las reflexiones de Mujica, evaluó que esta postura es “razonable”, por cuanto su función “es defender a los funcionarios que ya están ocupados en la función pública”, es decir que pese a que se quiere dorar la píldora, se están defendiendo intereses sectoriales que no coinciden con el de todos los ciudadanos.
Pero el punto clave del razonamiento de Ferrere se resume en que en materia de reforma del Estado existen muchas normas que permiten “hacer una gran cantidad de cosas que se dice que no se pueden hacer, pero que sí se podrían hacer y que no se hacen porque nadie se anima, y no se animan porque todos piensan que el jefe lo va a desautorizar”.
Sin dudas que aunque haya igualmente algunas normas a mano para gestionar en mejor forma las dependencias y empresas del Estado, existe una máquina de impedir a través de la burocracia, que es aliada y está en connivencia con los gremios que defienden solo sus intereses, que no son los del país, por lo que la mentada reforma no es solo cuestión de normas, sino de voluntad política para hacer lo que hay que hacer, sin medir costos políticos, y este es precisamente el elemento decisivo que ha estado ausente hasta ahora.