Opinion | 16 May En reunión que celebraron en las últimas horas el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y su par argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, se dio lo que puede considerarse como un paso fundamental para la integración energética regional, apuntando a que nuestro país esté en condiciones de generar infraestructura para recibir, almacenar y distribuir gas natural y licuado de petróleo.
Los ministros se reunieron primero entre sí, junto con jerarcas de Industria y Relaciones Exteriores de Uruguay y Argentina, y luego se encontraron con el presidente José Mujica. De acuerdo a Kreimerman se alcanzó “un mecanismo de compensación a largo plazo”, es decir que se consolidará “independientemente de las sucesivas administraciones”, con el objetivo de “darle seguridad a la industria, que es fundamental para ambos países”.
El ministro de Industria expuso que una consultoría está trabajando a efectos de establecer las condiciones técnicas y jurídicas más adecuadas para la regasificación de gas licuado de petróleo en Uruguay. “Está prevista su finalización en este mes para que empiecen a trabajar consultorías comerciales y ambientales, que permitirán saber cuál es el modelo de negocio más adecuado y cuáles son las condiciones para desarrollar el emprendimiento”, dijo Kreimerman, a la vez que su colega De Vido indicó que habrá que analizar si esta regasificación se realiza “vía planta o vía barco”.
En cuanto al gas natural, Argentina recibe gas de Bolivia a través del sistema de ductos del noroeste del país, en tanto desde mediados de la década de 90, Argentina y Uruguay están conectados por el Gasoducto Cruz del Sur, y el oficialmente olvidado ramal de Entre Ríos que ingresa por Paysandú, por los cuales se proveyó de gas argentino, pero en los últimos seis años el volumen suministrado disminuyó drásticamente por la creciente demanda del mercado interno argentino. No debe perderse de vista, además, que sigue sin ser utilizado –ni siquiera inaugurado— el gasoducto subfluvial a la altura de Casa Blanca, que permitiría incluso la instalación de una central termoeléctrica de respaldo para UTE, que fue precisamente el que construyó esta conexión con un costo de varios millones de dólares.
Según De Vido “la posibilidad de traer gas desde el exterior va a potenciar la integración entre los dos países y va a permitir a Uruguay profundizar la diversificación de su matriz energética”, en tanto sostuvo que no hay problemas de precios, “sino de conectividad”. Aparentemente, la única condición que pone el vecino país es conectividad con el noreste de Argentina, que no tiene gas natural.
El jerarca de la vecina orilla estimó que Uruguay demanda unos 300.000 metros cúbicos de gas y que Argentina los garantizará, pero que antes deberían acelerarse los pasos para cumplir con dicha condición. Al mencionarlo, abordó un punto clave en el proyecto, por lo menos para nuestro país, a la luz de la experiencia negativa respecto a la confiabilidad de los acuerdos con la Argentina en materia de suministro de gas.
Todavía está vívido, por su cercanía en el tiempo, lo ocurrido con el acuerdo que tenía Argentina para el suministro de gas a Chile, país al que dejó “muerto de frío” durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando suspendió en pleno invierno el abastecimiento de gas al encontrarse con que no tenía disponibilidad suficiente para hacerlo y que la prioridad era atender su demanda interna.
Esta violación de las reglas de juego por Buenos Aires ante la necesidad –naturalmente como consecuencia de sus propias políticas de subsidios que desalientan la inversión en infraestructura energética-- fue determinante para que Chile reviera drásticamente su esquema de abastecimiento de gas y decidiera instalar plantas a efectos de almacenar el energético importado desde diversos orígenes vía marítima, lo que le asegura independizarse del suministro argentino. Por otra parte, Argentina exporta el gas que a su vez compra a Bolivia al precio internacional, pero en lugar de cobrar el clásico “peaje” por el uso de sus cañerías, dispone de un precio exorbitante para el metro cúbico de reexportación.
Evidentemente el ejemplo de lo ocurrido a la nación trasandina debe llamar a la reflexión a nuestros gobernantes respecto al reaseguro que deber presidir todo emprendimiento basado en el acuerdo con Argentina, desde que el gas boliviano debe fluir por territorio del vecino país para llegar al Uruguay, y en alternativas difíciles siempre se está expuesto a un golpe de timón de Buenos Aires por motivos de política interna.
De ahí la necesidad de reducir dependencias y vulnerabilidades a través de instalaciones que permitan diversificar el abastecimiento, que podría lograrse también por transporte en barcazas cisterna desde Bolivia y mediante un sistema similar al de Chile, en grandes buques, para su almacenaje, como forma de ponernos más o menos a cubierto de sorpresas desagradables, que nunca faltan, y mucho menos con nuestros socios en la región, por mejores intenciones que se tengan.