Opinion | 22 May Aunque a esta altura de los acontecimientos ya deberíamos estar curados de espanto, cuesta igualmente aceptar como una cosa natural que instituciones tanto públicas como de carácter privado, que deberían reflejar por lo menos el pensamiento plural y la diversidad de quienes los integran o promueven, por presencia o delegación, se pronuncien muy sueltas de cuerpo sobre determinados temas locales, nacionales o internacionales como si fueran el fiel intérprete del pensamiento popular o de quienes dicen representar.
Y no se trata de establecer un juicio de valor sobre si se está adhiriendo a causas justas o injustas, sino de la falta de respeto que se tiene al ciudadano, al que se pretende llevar con un collar y embretarlo con presuntos pronunciamientos representativos sin derecho a expresarse en un ámbito de libertad o siquiera ser consultado, por las dudas.
Así, recientemente se cumplió en nuestra ciudad, como en varios puntos del país, la denominada Marcha del Silencio, en la que se repudió el vil asesinato de ciudadanos uruguayos en la Argentina durante la vigencia de las dictaduras en el Río de la Plata, en la década de 1970, y la que contó con adhesiones de varias entidades que se manifiestan como defensoras de los derechos humanos. Pero curiosamente –o no tanto—a menudo solo consideran que se han vulnerado derechos cuando las víctimas son de sectores de izquierda, en tanto no emplean la misma vara para medir situaciones en las que los desbordes provienen de este signo contra ciudadanos que no comulgan con esta ideología.
Peor aún, en el anuncio de esta marcha recordatoria figuró como adherente, lo que incluso fue señalado en conferencia de prensa, el Centro MEC, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, junto al CLIF (Centros Locales de Información y Formación en seguridad social) y la asociación “Memoria y Justicia”, además del Pit Cnt.
Debe cuestionarse enfáticamente el auspicio y adhesión del Centro MEC, en tanto dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y por ende de un organismo del Estado a cuyo sostén contribuimos todos los uruguayos, en clara distorsión del rol que debe cumplir un centro de estas características, supuestamente foco de difusión cultural y lejos de consideraciones políticas y del cuestionamiento de leyes vigentes por legítima decisión del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ratificadas además por la ciudadanía en dos plebiscitos. Y esta es la forma más democrática de expresión de los pueblos, por encima de las elecciones quinquenales que definen a los representantes nacionales, porque aunque el senador Felipe Michelini considere –como expresara en una entrevista que le realizara la televisión durante la marcha en Montevideo—que esto le asigna derecho a seguir insistiendo en la “anulación” de la Ley de Caducidad, a los dirigentes se los vota para gobernar en un todo, pero los plebiscitos deciden sobre aspectos específicos.
Por lo tanto, esta confusión de roles no es patrimonio del Centro MEC, aunque lo agrava el hecho de depender del Estado, y se manifiesta también a través de claras definiciones políticas en numerosas instancias de entidades como Fucvam, cuyo leit motiv sin dudas es facilitar los mecanismos para el acceso a la vivienda propia de sectores de menores ingresos de la población, a través de la conjunción de esfuerzos para obtener el préstamo que los habilite a encarar emprendimientos mediante el sistema de ayuda mutua.
Lamentablemente, este objetivo que no tiene color político, sino recoger el legítimo derecho de decenas de miles de ciudadanos que no han tenido posibilidades de acceder al techo propio, y obrar como instrumento, es a menudo desdibujado por respaldos explícitos a posturas radicales, como el reciente caso a los “ocupa” ilegales argentinos --promotores de prácticas ilegales y totalitarias--, a cruzadas netamente políticas como participación en campañas por plebiscitos, como el promovido para la derogación (anulación era la consigna, en realidad) de la Ley de Caducidad y respaldo incondicional al régimen dictatorial cubano, entre otros, que por más vueltas que le den, nada tiene que ver con la función que supuestamente debería cumplir.
Lo que no estaría del todo mal incluso si ese fuera el real sentir de los miles de uruguayos que integran esa federación, si hubieran sido expresamente consultados al respecto, desde que es notorio que es conformado por ciudadanos de todos los partidos e ideologías.
Pero eso poco importa a la hora de manifestar adhesiones a estas “causas”, como también lo hace el Pit Cnt, dando por sentado que los trabajadores tienen un pensamiento monolítico alineado invariablemente con la dirigencia de la central sindical, la que es además integrada exclusivamente por figuras referentes del Frente Amplio e incluso ocupando cargos legislativos y hasta ejecutivos en el gobierno.
Es decir, existe menosprecio hacia la real opinión de los uruguayos --que es muy diversa--, por dirigentes que se creen exclusivos dueños de la verdad y que asumen el papel de profetas ante un rebaño de tontos al que es preciso ilustrar y llevar de la nariz hacia donde ellos quieren.