Opinion | 24 May El deterioro de la competitividad de nuestros productos respecto a los similares de otros orígenes no es un tema banal, al punto que a esta altura está presente en todos los foros empresariales que se realizan en el país en el que estén involucrados temas relacionados con la exportación, porque refieren precisamente a las condiciones que contribuyen a mejorar las posibilidades de exportar mano de obra nacional.
Claro, este escenario de distorsión no es nuevo para el país, donde rara vez hemos estado en una situación más o menos de equilibrio en esta problemática, que tiene una diversidad de elementos en juego, tanto de orden interno como externo, sin descartar elementos subjetivos y grupos de interés que evalúan la realidad de acuerdo a su situación sectorial o particular.
Una de las últimas referencias a la caída de la competitividad se manifestó en el reciente almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADME), en el que expusieron los presidentes de tres agremiaciones empresariales, que coincidieron en expresar inquietudes respecto a este punto, incluso con referencias directas de algunos expositores a que estamos ante un atraso cambiario cada vez más significativo.
Este factor es uno de los principales elementos que coadyuvan para que se presente este escenario, pero no el único, aunque existen dolorosas y cercanas experiencias que indican que cuando el desfasaje se torna insostenible, se apela a la maxidevaluación en procura de restaurar competitividad pero desembocando en consecuencias traumáticas sobre el escenario socioeconómico del país.
Este es precisamente el instrumento menos deseable, que suele en lo inmediato causar más problemas que los que se pretende solucionar y que termina pagando la fuerza laboral del país con más desempleo y menos poder adquisitivo, ante un empobrecimiento general que se manifiesta en todos los órdenes.
Pero lo peor que puede hacer el equipo económico, como ha ocurrido hasta ahora, es negarse a reconocer que estamos ante una pérdida de competitividad que quiérase o no va acompasada con la evolución de la relación cambiaria y el esquema de costo de las empresas, tanto desde el punto de vista laboral como por efectos de la carga impositiva, los precios de la energía y servicios, entre otros factores.
Hablando en el almuerzo de ADME, el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, sostuvo que “la pérdida de competitividad se produce fundamentalmente por la caída del dólar” y aclaró que este problema se inscribe en un marco de varios factores que impactan. Subrayó que “si tuviéramos menos exigencias en materia de devolución de impuestos o una normativa laboral menos rígida, no nos preocuparíamos por un dólar bajo”.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Mercantil de productos del País, Christian Bolz, expresó que la principal debilidad que muestra la economía local es la competitividad, el dólar pierde vigor, el euro está más barato, lo que implica que “se debe cuidar y bajar el costo país”.
Por su lado, según da cuenta El Observador, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, no dudó en calificar la situación como de “atraso cambiario. La política cambiaria que lleva adelante el Banco Central está mal manejada”, en lo que también coincidió su colega de la Cámara de Industrias, Diego Balestra.
El punto es que el Uruguay, donde se sigue utilizando el valor del dólar como “ancla” para contener los precios, tiene inflación en dólares, lo que ha sido determinante por ejemplo para que la competitividad haya caído un 15,2 por ciento en los últimos dos años, medida a través del tipo de cambio real efectivo global, porque a la vez el costo país no ha evolucionado a la baja para compensar este desnivel.
Claro, en este esquema funciona la condicionante de “tenaza” que significa el gasto público, el que es atendido por la vía de mayor recaudación en lugar de buscarse alternativas reales como reducir el peso del costo del Estado sobre los sectores reales de la economía, lo que permitiría mejorar la competitividad.
Pero estamos ante un esquema muy rígido en este aspecto, acentuado por el aumento en el gasto público que dispuso la Administración Vázquez, que se gastó toda la mejora en la recaudación obtenida durante la coyuntura internacional favorable, y es por lo tanto uno de los factores que se conjugan para que resulte más difícil atacar la erosión de la competitividad con otros instrumentos que no sea la maxidevaluación que nadie quiere, ante las amargas experiencias vividas.
El imperativo de la hora pasa como nunca por abatir los gastos del Estado, como un elemento fundamental para abatir la presión fiscal y contribuir a que por esta vía las empresas recuperen por lo menos parte de la competitividad perdida, en el plazo lo más inmediato posible, porque se ha estado demasiado tiempo esperando que los zapallos se acomoden solos en el carro.