Nacionales | 25 May El gobierno anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley que facilite el levantamiento del secreto bancario y el intercambio de información tributaria internacional, que prevé gravar los depósitos de los uruguayos en el exterior, los que ascienden a 9.000 millones de dólares.
En el marco de lo que denominó como una “estrategia de cooperación internacional”, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, destacó que “va a ser posible la fiscalización de rentas y la articulación del procedimiento del levantamiento del secreto bancario”. Esto permitirá en forma adicional “la posibilidad de completar y perfeccionar nuestro sistema tributario con un tratamiento que creemos mucho más justo, igualitario, en términos de funcionamiento de los distintos impuestos que tenemos en el país”, según el jerarca.
“Estamos ajustándonos a prácticas recientes que permiten despejar toda duda respecto a la calidad de nuestra administración tributaria y a la cooperación internacional”, dijo Lorenzo. Luego de su efímera inclusión en la “lista negra” de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Uruguay integra desde abril de 2009 la “lista gris”, que reúne a aquellos países que no han implementado suficientemente los estándares internacionales de cooperación.
Recordó que nuestro país desarrolló, en los últimos años, un intenso proceso de cooperación internacional en la materia.
Al respecto, se suscribieron numerosos tratados para eliminar la doble tributación y para facilitar el intercambio de información con las administraciones tributarias de otros países.
La iniciativa faculta a la Dirección General Impositiva a pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario ante casos de sospechas de ilícitos, siempre que exista una denuncia fundada sobre algún contribuyente. Lorenzo sostuvo que con esta modificación --pendiente de debate parlamentario-- “se termina todo el tema referido a las listas en las que el país pudiera en algún momento haber sido incluido”, ya que la normativa “nos deja a resguardo” de cualquier consideración.
Asimismo grava con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto al Patrimonio, los depósitos y colocaciones de los uruguayos en el exterior. De acuerdo con cifras que maneja el equipo económico, los activos de uruguayos depositados en el sistema financiero, en el exterior, ascienden a 9.000 millones de dólares. Los mismos corresponden a personas físicas y empresas, aunque es difícil precisar la relación de ambas, en función del total.
Lorenzo manifestó que una vez que el referido proyecto se convierta en ley, “van a tener que tributar Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, los ingresos y las partes de capital que tengan uruguayos residentes en la república, en operaciones y colocaciones en el exterior”. Señaló que antes a los depósitos no se los consideraba “fuente uruguaya”, pero ahora se cambia ese concepto. Indicó que esto está relacionado “con el tema del secreto bancario”, ya que ahora, dados los acuerdos que Uruguay tiene con otros países para evitar la doble tributación, le va a permitir fiscalizar.
El proyecto se suma a la decisión anunciada la pasada semana por el Banco Central del Uruguay de publicar en su página web una lista de más de medio millón de deudores (tenedores de crédito superiores a 2.500 dólares), orientada según las autoridades a promover una mayor transparencia y comunicación a los usuarios externos al sistema financiero.