Locales | 23 May Para el dirigente de la Lista 1025 del Partido Colorado, Elbio Acosta Penayo, UTE debería instrumentar una tarifa social destinada a las familias que fueron afectadas por la crecida del río Uruguay, las que a su juicio no tuvieron la respuesta adecuada de organismos nacionales durante el trance que sufrieron.
Expuso que “los pobladores ribereños volvieron a sus casas y antes debieron arreglarlas gastando mucho dinero. La ayuda no fue del volumen que se esperaba. La Intendencia hizo lo que pudo, aunque a quien le correspondía era al Ministerio de Vivienda, que bien poco ayudó y miró para otro lado. Hay que encontrar una solución definitiva, llevando esos habitantes a zonas altas donde no llegue el río cuando crece y construirles casas nuevas”. Indicó que “si bien es un fenómeno natural, el mal o buen manejo de la represa incide en el cauce del río. y algunas veces hasta evita crecientes. Salto Grande vuelca una importante cantidad de dinero al Uruguay  que va directamente a Rentas Generales, pero Salto y Paysandú las ven pasar y aquí no llega nada de eso”.
Sostuvo que una cosa distinta sucede en Entre Ríos, donde una Comisión Especial administra las regalías de Salto Grande.
“De ese fondo le dieron mil dólares a cada uno de los inundados de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay, y luego llamaron a licitación para adquirir terrenos en zonas altas donde están siendo construidas casas para los inundados.
El ministro De Vido declaró zona de desastre a la inundación, lo que ameritó la ayuda de las Naciones Unidas con aportes que se hicieron efectivos”.
Subrayó que “en nuestro país el hermano del ex presidente Tabaré Vázquez no quiso hacerlo, pero tampoco el Ministerio de Vivienda actuó como debía”.
Concluyó que “nuestros diputados tienen ahora la palabra para llevar adelante un planteamiento tendiente a que de alguna manera el Estado, a través de UTE, pueda resarcir el daño provocado a los pobladores ribereños, que podría ser la adecuación de una tarifa social eléctrica, con un descuento de un 50% o más o una tarifa fija para aquellos que consumen hasta 200 kilowats mensuales y perciben un haber básico de hasta  seis mil pesos mensuales”.