Opinion | 25 May Cuando estamos ya en el proceso de elaboración de la denominada “ley madre” de toda gestión de gobierno, es decir la Ley de Presupuesto Quinquenal, surgen las interrogantes de siempre respecto al perfil político que tendrá la norma, la definición de las áreas prioritarias en lo que refiere a quienes serán destinatarios de los recursos y en qué condiciones, y por otro lado se encuentran los ciudadanos que no son directo objeto de esos destinos y que por el contrario, son los que dejarán en ventanillas, a través del pago de impuestos, el dinero que será distribuido en este gran paquete quinquenal.
Por ende es de gran importancia contar desde ya con elementos para determinar la orientación de la ley de presupuesto, que es de esperar en esta instancia se circunscriba a sus objetivos específicos y no se reinstale la práctica de hacer funcionar esta instancia legislativa como una “ley ómnibus” en la que se incorporan normas sobre cualquier tema, muchas veces con escaso o nulo conocimiento de quienes son convocados a votar, lo que además se hace generalmente sobre el límite del plazo constitucional, por lo que se suele imponer la política de los hechos consumados.
En esta oportunidad el Poder Ejecutivo, a través de su equipo económico, ha dado a conocer lineamientos para la elaboración de esta norma, al presentar un panorama alentador sobre los números del país. Y señaló el concepto de que se hará una “trazabilidad” de los recursos que se originen en el presupuesto, que estarán sujetos al cumplimiento de metas.
El ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo, dejó en claro que el presupuesto estará orientado a “consolidar el proceso de cambios, y los recursos disponibles quedarán al servicio de objetivos útiles y socialmente valorados”, en tanto adelantó que en el futuro y por primera vez en la historia, en cada Rendición de Cuentas se evaluará si se ampliarán las partidas de dinero para un determinado programa, dependiendo del horizonte de resultados logrados el año anterior.
Según el gobierno existe un espacio fiscal disponible del orden de los 920 millones de dólares para todo el período de gobierno, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, dijo que se procurará mejorar el proceso de asignación de los recursos asociado a las prioridades que fije el gobierno central. Subrayó que los nuevos recursos se otorgarán a cambio de contrapartidas o metas, en la línea de que el presupuesto que se elabora debe ser “más eficiente y eficaz”.
Asimismo los integrantes del equipo económico, al exponer en el desayuno de trabajo realizado en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), consideraron que el escenario actual de Uruguay es sólido, con una inflación controlada –aunque con algunas presiones-- un crecimiento balanceado, sin desequilibrios importantes en las cuentas públicas, sin sobresalto en las cuentas externas y sin burbujas en los mercados.
Otro parámetro mencionado refiere a mantener una política “agresiva” de beneficios a empresas que se instalen en el país, como así también a las que lo hagan en el Interior, además de en zonas deprimidas y en barrios pobres de Montevideo, en tanto como contrapartida se exigirán determinadas pautas para los denominados megaproyectos, como el impacto en la incorporación de valor agregado y sobre la economía en general.
Es plenamente compartible que el equipo económico pase a tener como parámetros, para mantener las asignaciones presupuestales, el trabajar sobre resultados y así dejar de volcar dinero de todos los uruguayos a verdaderos pozos sin fondo, que se han tragado millones y millones de dólares sin haber exigido la contrapartida de un uso criterioso y de resultados. Precisamente se debería haber utilizado este criterio para los recursos que se destinaron en el anterior presupuesto a la enseñanza, desde que para hacerlo no se establecieron objetivos, y de esta forma tenemos que se gastaron cuantiosos recursos en mantener la misma desvalorizada enseñanza de siempre, sin que el ciudadano y el país resultara beneficiado por una mejor educación.
Pero, principio quieren las cosas y si se utiliza esta metodología de trabajo, y se mantienen los mismos principios de evaluar contra resultados, sin dudas que se estará recorriendo un buen camino, como también lo sería aún más poner en marcha verdaderas políticas anticíclicas que han estado hasta ahora ausentes, para no seguir gastando a cuenta de la recaudación futura sin establecer un mínimo de previsión que permita superar épocas difíciles o tener verdadero espacio fiscal para los destinos que realmente respondan al interés general.