Opinion | 27 May Aunque en la campaña electoral el presidente José Mujica anunció que a solo quince días de asumir el gobierno, esto es desde mediados de marzo, comenzaría la construcción de viviendas de interés social para las decenas de miles de familias que no tienen acceso al techo propio en el país, a casi tres meses de gestión la realidad ha mostrado ser distinta a como se imaginaba el escenario desde afuera, o por lo menos sin tener injerencia directa en las decisiones, por el nuevo mandatario. Es que a esta altura todavía no se ha colocado tan siquiera un ladrillo de este plan, y todo indica que tampoco se podrá cumplir con la idea de abordar esta iniciativa desde mediados de año, porque precisamente no hay ningún esquema delineado al respecto.
Así, el Plan Impacto que se preveía implementar prácticamente desde el vamos, no tiene definiciones de objetivos, provisión de recursos ni instrumentación sobre bases técnicas, y solo se tienen anuncios parciales provenientes del Poder Ejecutivo, incluyendo el propio Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
El déficit habitacional estimado en unas cien mil viviendas es una brecha muy difícil de abordar, si se tiene en cuenta que implica afectar significativos recursos desde el vamos a efectos de por lo menos contenerla, empezando porque la Administración Vázquez fue muy magra en resultados en el quinquenio en esta área y este tema no fue prioritario en su gestión.
Mujica asumió la entidad del problema para cientos de miles de uruguayos, tanto en número como en calidad de la unidad habitacional, y si bien hay enunciados y voluntarismo para encarar la problemática, el gran nudo gordiano no solo pasa por los aspectos técnicos del plan, sino sobre todo por la afectación de recursos. Por lo pronto, en las últimas horas el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, informó que el Ministerio de Vivienda y el de Desarrollo Social dieron a conocer en el Consejo de Ministros un decreto que reglamenta el plan de integración socio-habitacional, denominado Juntos, vinculado a la emergencia habitacional en el país.
Destacó que el plan será coordinado por la Presidencia de la República, en el marco de una amplia convocatoria a actores y ciudadanos para que participen. Pero por otro lado, el presidente José Mujica, al hacer referencia a las necesidades en esta materia, indicó que se tendrá que vender propiedades ociosas del Estado para financiar el plan habitacional, al exponer en oportunidad de la celebración de los cuarenta años de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).
En esta instancia el mandatario señaló que las madres deben ser las principales destinatarias de este plan, que beneficiará a unas cien mil personas, de acuerdo a sus estimaciones, pero a la vez advirtió que no alcanza con la solidaridad para llevarlo adelante, y apuntó que “tenemos que apelar a un montón de cosas desperdiciadas que tiene el Estado”.
Amplió que “tenemos que vender propiedades inútiles que tiene el Estado por acá y por allá, y transformarlos en vivienda para gente pobre”, en tanto puso como ejemplos un campo de 1.900 hectáreas en las costas de Rocha y manzanas al lado del Club Neptuno.
Y si bien a primera vista aparece como compartible el concepto de vender cosas “inútiles” para construir viviendas útiles y necesarias, no es menos cierto que la idea se parece mucho al controvertido concepto de “vender las joyas de la abuela” con un fin altruista, pero a la vez sabiendo que solo se podrá disponer de ellas una única vez y que si no se consiguen recursos genuinos para continuar construyendo, se estará reduciendo el patrimonio del Estado por un plan que no será sustentable en el tiempo. Igualmente es sabido que por más que se venda el mismísimo Palacio Legislativo, quedarán miles de familias reclamando un techo digno –cada vez más en la medida que se perciba que el Estado puede proveerlo--, pero ya no habrá más de donde sacar plata fácil.
Por eso es imperioso que los programas sean sustentables, y la posibilidad cierta de lograrlo es mediante la reducción del gasto público, desde que ello permitiría desafectar dinero de destinos secundarios para el interés general y volcarlo a satisfacer reales necesidades básicas de amplios sectores de la población. Por otra parte, de lograr una reducción del peso del Estado en el bolsillo de los ciudadanos, seguramente muchos podrían acceder a su vivienda por sus propios medios, minimizando la necesidad de subsidios y dinamizando la economía del país. Esa sería el mejor aporte que podría hacer este Gobierno, en lugar de gastar tiempo, dinero y dilapidar el patrimonio todos los uruguayos en fomentar la idea de que el Estado tiene la obligación de dar lo que cada uno no pueda –o no le interese—obtener, realimentado así un círculo negativo de reclamos y necesidades insatisfechas mientras se vuelcan millones de dólares a un barril sin fondo.