Opinion | 27 May Uruguay cuenta con unas 740.000 hectáreas de bosque nativo, que se encuentra protegido por la Ley 15.939 que establece la prohibición de su tala, a excepción de los casos en que el producto de la explotación sea para consumo interno del establecimiento o cuando se cuente con un plan de explotación y manejo del monte nativo aprobado por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sin embargo, no pocas veces se atenta contra el monte nativo, incurriendo en talas ilegales y dañinas que generalmente pasan desapercibidas por la población y, eventualmente, las autoridades.
El prender fuego montes después de una tala para “ganar campo” o, el caso más común del corte y del monte para la extracción y venta de leña, son causas directas de deforestación y de pérdida del patrimonio vegetal del país, sin contar la modificación de ecosistemas y desaparición de especies tanto vegetales como animales asociadas a los mismos. Como bien han señalado grupos ecologistas, entre ellos Guayubira, para que esta última actividad sea posible se requiere, por ejemplo, que haya un propietario de monte dispuesto a cortarlo, que alguien pueda luego transportarlo y comercializarlo y finalmente que haya un mercado consumidor de esa leña. Dado que la tala de monte está prohibida, la ocurrencia de este hecho por lo menos implica “una situación de penuria económica por parte del propietario del monte, que le impulse a encarar una actividad que sabe es ilegal; una similar situación económica de quienes van luego a cortar y transportar esa leña ilegal; una falta de control de parte de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes; cierto nivel de corrupción a nivel de los funcionarios públicos encargados de fiscalizar el transporte carretero y, por último, un mercado que prefiere este tipo de leña a la también disponible de eucalipto”.
En tanto, el MGAP cuenta con cuatro vías para controlar acciones ilegales contra el monte nativo. La primera es la inspección en terreno y el recorrido de zonas “sensibles”, la segunda, el control de los camiones cargados con leña que circulan sin guías o permisos. La tercera, el control de las barracas que comercian esta leña y, por último, las denuncias. Ciertamente, bien se podría además controlar la tala ilegal por fotografía satelital, que a esta altura es una tecnología barata y más eficiente para estos fines. En una época en que los primeros fríos hacen a todos desear prender cuanto antes la estufa y comienzan a verse ofrecimientos de todo tipo de leña, vale la pena que como consumidores conozcamos las implicancias de nuestras decisiones de compra y sus posibles efectos sobre la situación de los montes nativos.