Locales | 29 May En tanto el senador Ernesto Agazzi afirmó ante una delegación de colonos y ex colonos sanduceros afectados por la Ley 18.187 que renunciaría a su cargo si no se aprobaban próximamente las modificaciones propuestas por la comisión del Senado a esta norma, contemplando el reclamo de los afectados, el Directorio del Instituto Nacional de Colonización mantiene en un todo su postura contraria a esta revisión.
El tema ha quedado en suspenso en el Senado tras aprobarse una prórroga de un año para que los propietarios de estas tierras registren sus propiedades ante el instituto, pero el senador no estableció un plazo para resignar su banca si no se aprueba la norma.
En tanto el INC, opuesto desde un principio a revisar la ley 18.187 en este aspecto, al justificar nuevamente su rechazo, indica que “el Banco Hipotecario del Uruguay posibilitó el acceso a la tierra a pequeños productores y trabajadores rurales mediante la formación de colonias, planes y créditos especiales, financiados por la sociedad y bajo el concepto de propiedad privada, pero afectada a los fines de colonización. La exclusión de la condición de afectación que se debate en el Parlamento desprotege y libera al mercado inmobiliario más del triple de las tierras que con enorme esfuerzo se lograron incorporar al instituto durante esta administración, facilitando su concentración y potencial extranjerización”.
Sostiene además que “considerando el valor de la tierra y las inversiones sociales realizadas en caminos, puentes, alcantarillados, escuelas, escuelas agrarias, alumbramiento de aguas, mejora de viviendas rurales, electrificación rural, etcétera, la modificación legislativa que se debate eventualmente constituirá una privatización de recursos pertenecientes a la sociedad del orden de los 800 a los mil millones de dólares”, lo que se hace “sin contraprestación alguna”.
Desde el punto de vista ideológico indica que “la desafectación de la tierra comprada durante la colonización promovida por el Banco Hipotecario del Uruguay y que constituye parte del patrimonio nacional administrado por el Estado, es inconveniente y contrapuesta al programa y a la filosofía de gobierno por la cual fuimos designados”.