Opinion | 30 May Hace casi dos meses, con el objetivo de lograr un ahorro de entre el tres y el cinco por ciento, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que fijó normas para reducir el consumo eléctrico en dependencias estatales, y a la vez incorporar elementos como el recambio de lamparitas incandescentes, para una mayor eficiencia energética, enmarcado en la política anunciada en su momento de abatir el consumo de electricidad y sobre todo mitigar las consecuencias de las demandas pico sobre la insuficiente capacidad de generación.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, explicó que las medidas se extenderán hasta 2012, ante un escenario de consumo que presiona a nivel mundial sobre el uso de los recursos naturales, en tanto desde el punto de vista económico esta racionalización permitiría un ahorro del consumo energético estatal de entre el tres y el cinco por ciento.
Es cierto, existe un escenario mundial con una fuerte distorsión en el uso de los recursos naturales, en los que la afectación e incidencia de países y regiones son disímiles, desde que es notorio que las naciones industrializadas son las grandes predadoras de recursos en base a su poder adquisitivo y desarrollo tecnológico que les asegura mejor calidad de vida en base usual gasto indiscriminado de los recursos naturales.
En este contexto es evidente que el límite de los recursos naturales está marcado fundamentalmente en el área de la alimentación y de la energía, y que contrariamente a lo que se estimaba en la primera mitad del Siglo XX, los problemas energéticos han llegado antes que los referidos a la producción y el acceso a los alimentos, aunque también en este aspecto hay una profunda asimetría entre las naciones ricas y las pobres.
En el caso de Uruguay es evidente que los problemas energéticos que nos afectan son exclusivamente internos, aunque no podamos sustraernos al contexto internacional, naturalmente, y precisamente nuestras deficiencias estructurales se traducen a la vez en una gran vulnerabilidad a los factores externos, como el precio del petróleo, y una insuficiente generación para atender picos de demanda o hacer frente a eventos naturales como las sequías.
Sin dudas que se han conjugado una serie de factores para que estemos ante este panorama, pero desde el fondo de la historia la constante ha sido la improvisación y los cortoplacismos que nos han llevado a esta situación, y a la adopción de tanto en tanto de medidas paliativas en las que se enmarca el decreto a que nos referimos. Entre otros aspectos la iniciativa contempla que cada organismo del Estado deberá presentar y acordar ante el Ministerio de Industria un plan racional de energía, para reducir su consumo para los primeros días de setiembre.
El secretario de Estado adelantó que habrá sanciones para aquellos que no cumplan con las especificaciones incluidas en el decreto, en tanto se prohibirá la compra y utilización de lámparas incandescentes por el Estado, que en cambio adquirirá equipos eficientes y vehículos de cilindrada menor a los 1.800 centímetros cúbicos, con excepciones por razones de servicio, apuntando a marcar el camino para los operadores privados y el ciudadano común.
Pero claro, los mensajes y ejemplos que da el Estado son contradictorios, por decir lo menos, y es así que a dos meses de haberse instrumentado el decreto no se ha indicado cuál ha sido la respuesta lograda en los organismos, por lo menos en cuanto a previsión, justo cuando estamos en la antesala del invierno, donde se dan algunos de los picos de consumo. Tampoco se entienden las “sanciones” que se le aplicarían a los organismos en infracción, desde que no hay responsables directos por los incumplimientos y de aplicarse multas, quien en definitiva terminará pagándolas es el ciudadano común a través de los impuestos o sobre costos en los servicios monopólicos, porque no son empresas privadas que dependen de los ingresos genuinos para sobrevivir, sino parte del Estado, que sustentamos todos los uruguayos. Y así, mientras se apunta al ahorro de un cinco por ciento en el Estado, es incuantificable a la vez el sobre consumo en una diversidad de áreas que escapan a los controles, porque así funcionan las dependencias estatales en las que nadie se siente responsable ni obligado a nada que no sea más o menos cumplir con la tarea asignada, en el mejor de los casos.