Opinion | 05 Jun Más allá de cualquier evaluación que pueda formularse acerca de los resultados de la cumbre de los presidentes de Uruguay y Argentina, José Mujica y Cristina Fernández respectivamente, debe valorarse la disposición a apelar al diálogo para superar diferencias y más aún, buscar puntos de entendimiento bilateral de carácter comercial y energético, así como de avanzar en la integración, que es un aspecto que está en franco estancamiento, por decir lo menos, a partir del diferendo por la instalación de la planta de celulosa. Por supuesto, no estamos en una relación simétrica ni nada que se parezca, teniendo en cuenta las diferencias en el tamaño de las economías y la situación de Uruguay, “embutido” entre las dos mayores naciones del subcontinente, por lo que en este caso es doblemente importante para nuestro país abrir canales de negociación que estaban muy complicados en los últimos tiempos como directa consecuencia del conflicto y naturalmente de posturas rígidas y fuera de lugar de la Administración Kirchner.
A partir de ahora el panorama tiene perfiles de reversión, desde que Mujica se ha caracterizado por su disposición a revisar la relación a partir de una serie de gestos que involucraron en primer lugar visitas a la vecina orilla y la votación favorable a Néstor Kirchner para ocupar la secretaría general de la Unasur, seguramente con la intención de obtener gestos recíprocos y pavimentar el difícil camino de solución al conflicto, fundamentalmente el levantamiento del piquete en el puente “General San Martín” y la instrumentación de acuerdos para cumplir con lo establecido en el Estatuto del Río Uruguay, tal como surge del fallo de la Corte Internacional de La Haya.
En el día después de la cumbre de presidentes y ministros en Anchorena, el canciller Luis Almagro dijo que las delegaciones de ambos países en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no serán las encargadas de cerrar el acuerdo por el monitoreo, sino que serán los propios cancilleres. El ministro señaló que el criterio se definirá con parámetros políticos y jurídicos, y no técnicos, y que los acuerdos serán refrendados por los dos presidentes en el encuentro que mantendrán dentro de 60 días. El canciller de la República dijo que quedó cerrada la posibilidad de un monitoreo dentro de la planta de UPM en Fray Bentos, por cuanto “en este momento, para nosotros es un tema de soberanía y nos vamos a mantener firmes al respecto. También tenemos que estudiar algunos antecedentes y propuestas de la administración anterior, sobre este punto específicamente. Nuestra posición, de alguna manera, se aparta de esos lineamientos y tiene una firmeza mayor en cuanto a no permitir el ingreso a la planta para monitorearla”.
Pero claro, no solo de relaciones comerciales y recomposición de relaciones se trata, sino también de situar las cosas en sus justos términos, y por supuesto, resulta absolutamente inaceptable que se integre un equipo bilateral de monitoreo dentro de la propia planta, desde que no solo se trata de un aspecto no incluido en el Estatuto del Río Uruguay, sino que está fuera de todo sentido común que se pretenda “vigilar” el proceso dentro de nuestro territorio nacional, cuando de lo que se trata es de efectuar un seguimiento y eventualmente corregir las consecuencias sobre la calidad del agua en el río compartido.
Lo que sí merece un capítulo aparte en su consideración son las “explicaciones” de la presidenta Cristina Fernández respecto a por qué no puede desalojar a los piqueteros que desde hace tres años cortan la ruta y el cruce hacia el Uruguay a través del puente “General San Martín”, al señalar que solo puede hacerlo si la Justicia lo determina, a la vez de subrayar que su gobierno es “respetuoso” de la ley y los acuerdos internacionales.
En este aspecto, la Argentina de los Kirchner se caracterizó desde un principio por el incumplimiento de sus compromisos, cuando tras declararse en default económico debido a la crisis de 2001 entró en cesación de pagos a sus acreedores internos y externos por decisión unilateral, irregularidad que aún persiste con miles de tenedores de bonos del Estado. Estas arbitrariedades patotoriles del Gobierno argentino también se manifiestan en las posturas adoptadas según los intereses propios, y es así que cuando los piqueteros cortaron rutas dentro de la Argentina, el gobierno no precisó ninguna orden judicial para liberarlas, en el entendido de que se estaba ante una acción ilegal que violaba derechos de terceros. En cambio, es notorio que el piquete de Gualeguaychú viola el espíritu y la letra del Tratado del Mercosur, que asegura la libre circulación de bienes y personas entre los países signatarios, y sin embargo, cuando el tribunal del acuerdo regional se pronunció al respecto, el gobierno del vecino país no movió un dedo para hacer cumplir la ley. Peor aún, el entonces presidente Néstor Kirchner alentó esta “libre expresión”, por lo que la “justificación” suena solo a una excusa banal, por razones de política interna, aunque al precio de quedar en evidencia en un intento grotesco de menospreciar la inteligencia y el sentido común de los pueblos de ambas orillas.