Nacionales | 04 Jun La copa difícil
En el Uruguay de los últimos tiempos, festejar alzando una copa representa una tarea harto dificultosa. Si la intención -saludable por cierto- es levantar una copa de leche, la mayor dificultad radica en conseguir con qué llenarla, porque a consecuencia del dilatado conflicto en Conaprole, resulta cada día más difícil acceder a este imprescindible “producto de la vaca”. Pero parece que brindar con una copa de vino u otra bebida espirituosa, también implicaría un desafío, porque un senador frenteamplista pretende agregar más impuestos a las bebidas alcohólicas, para de esta forma financiar un subsidio dirigido a estudiantes de elevado nivel académico. Según información divulgada por “Últimas Noticias”, el senador Oscar López Goldaracena, convencido de que la “formación cultural” es uno de los principales derechos humanos, presentará esta semana un proyecto de ley que incluye un aumento de gravámenes a las bebidas alcohólicas, con el cometido de financiar un “sueldo” para buenos alumnos, que se pagaría desde primer año liceal y se incrementaría de acuerdo a posteriores necesidades. “Es algo que va a ingresar en el patrimonio del joven, dentro de lo que sería su peculio profesional, para lo cual quizás habría que reformar el Código Civil”, explicó Goldaracena, suplente de Eduardo Lorier. El subsidio, creado en el entendido de que las bebidas alcohólicas son “uno de los grandes males que afectan actualmente a nuestra juventud”, alcanzaría a liceos públicos y privados, en tanto sería suspendido si el beneficiario decae en su rendimiento académico. “Nuestro país tiene que entrar en un proceso de revolución cultural”, añadió Goldaracena, para quien el subsidio debería ser administrado por el Ministerio de Desarrollo Social.
Como te voto una cosa...
Los tiempos cambian y, habiendo cambiado de vereda, la visión de algunos políticos respecto a temas de gobierno se modifica sustancialmente. Tras varios años bajo la denominación de “oficialismo”, los integrantes del Frente Amplio parecen haber abandonado algunas ideas románticas relacionadas al manejo de los fondos previsionales por parte de privados. Según “El País”, recientemente se aprobó en el Parlamento el proyecto de ley impulsado por el oficialismo, a través del cual se mantiene el actual sistema de AFAP y se diversifican las opciones de inversiones financieras y productivas de los Fondos de Ahorro Previsional. El proyecto se aprobó con 65 votos en 72, mayoría que representa la totalidad de las voluntades frenteamplistas y nacionalistas, y la oposición de los colorados. Mientras el socialista Gustavo Bernini defendía el proyecto en sala, el colorado Germán Cardoso bromeó con evidente malicia. “Se instaló el neoliberalismo en el Partido Socialista”, sentenció. El legislador colorado rechaza que se “permita la inversión de las AFAP en acciones” y que se “dé vía libre a usar el dinero de los uruguayos en cualquier proyecto del Estado”. Otro de los sorprendidos con la postura frenteamplista fue el blanco Pablo Abdala, para quien es “evidente que el Frente Amplio cambió su posición histórica, ya que se opuso a la ley vigente y recogió firmas en su contra”. “Yo no condeno el cambio. Les damos la bienvenida”, afirmó Abdala, en tanto el representante del Partido Independiente, Iván Posada, criticó al Partido Colorado por no votar cambios a un sistema que fue “exitoso” y además se creó durante el gobierno de Julio María Sanguinetti.
Un organismo colapsado
Mientras blancos y frenteamplistas coinciden en el Parlamento respecto a las AFAP, el Partido Colorado parece posicionarse como fuerza opositora por excelencia, dispuesta a “mirar con lupa” cada iniciativa y, si es necesario, obstaculizar cualquier proyecto que no ofrezca suficientes garantías. Fiel a esta línea fiscalizadora, el senador colorado Ope Pasquet, conquistando la adhesión de algún nacionalista, efectuó un duro análisis de la actual situación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en cuyo transcurso aseguró que el organismo atraviesa una “profunda crisis” y, en lo que respecta a sus pronunciamientos, “ha colapsado”. Aseguró, según “La República, que necesita más funcionarios y capacitación para los que ya están, así como modernización en su operativa, de modo tal de agilizar los trámites que tiene a su cargo.
El senador recordó que el actual sistema lleva a que en algunos casos, el Tribunal necesite cuatro o cinco años para emitir una sentencia definitiva, al tiempo que abogó por modificaciones que redunden en la agilización de los trámites. La postura de Pasquet fue compartida por el nacionalista Sergio Abreu, quien se manifestó afín a “darle más agilidad” al trabajo del organismo a través de una solución legislativa que incluya la implementación de “medidas cautelares”. Abreu entiende que “no es nombrando adjuntos que se soluciona” el tema y aconsejó impulsar una descentralización que permita la creación de juzgados especializados en el interior del país.