Opinion | 08 Jun Desde hace mucho tiempo se habla de la problemática de la minoridad infractora en nuestro país, con énfasis en la protección de niños y jóvenes que incursionan en forma cada vez más temprana por la senda del delito, pero sin identificar y muchas veces sin siquiera ocuparse de buscar un punto de equilibrio entre la salvaguarda de los derechos de quienes así actúan, por circunstancias multicausales, y el de la población agredida por quienes a la vez son --y lo que es mucho peor, se saben y abusan de ello- inimputables.
Este aspecto forma parte del talón de Aquiles del gobierno del Frente Amplio, es decir todo lo referido a la seguridad, desde que la coalición de izquierdas asumió la conducción del país con una Administración Vázquez que tenía la idea fija de que el origen de todos los males era las desigualdades sociales y la marginación, y que encarando programas de atención social de fondo se reduciría sensiblemente la delincuencia en todas sus manifestaciones, concepto con el cual podemos coincidir como estrategia a largo plazo, pero jamás como única medida de contención.
Los programas sociales fueron fundamentalmente de corte asistencial y aunque se haya reducido la pobreza, siempre hubo y habrá marginados, por lo que solo resta esperar a ver si porque hay menos pobres se reducen en igual medida los índices de criminalidad, lo que hasta el momento no sucede.
Una prueba tangible de esta postura lo constituyó la gestión del ex ministro del Interior José Díaz, promotor del proyecto de la Ley de Humanización Carcelaria que apuntó a la liberación precoz de delincuentes, y no le fue en zaga su problemática sucesora, Daisy Tourné, quien siguió en una tesitura similar y puso de manifiesto una soberbia y frivolidad que provocó no solo cuestionamientos de la oposición, sino también dentro de su propio partido, al punto que fue removida del cargo.
Ocurre que en el caso de la minoridad se conjugan elementos como una legislación muy permisiva y adoptada hace décadas en sus partes sustanciales, para una realidad muy distinta a la de nuestros tiempos, en los que incluso niños son consumidores de pasta base y se han constituido en despiadados delincuentes y hasta asesinos, al amparo además de su inimputabilidad.
En la misma línea, las nuevas leyes implementadas supuestamente para defender a los niños y adolescentes ponen todo tipo de trabas al trabajo “infantil”, aquél que llenaba de orgullo a nuestros padres y abuelos y los hizo personas de bien que valoran el esfuerzo y respetan la propiedad ajena porque saben el sacrificio que significa obtener un bien, por lo que hoy los adolescentes “de pelo en pecho” cuentan interminables horas de ocio más que para el estudio, para buscar la forma de seguir viviendo sin esfuerzo.
Y así, de revés en revés, el gobierno gradualmente se ha ido convenciendo de que hay que hacer algo al respecto, y ha tratado de vencer las resistencias internas que aún se levantan, para evolucionar en principio hacia un mayor grado de represión, un concepto que hasta hace poco tiempo era mala palabra en el oficialismo, pero que es usada cada vez con mayor frecuencia por el ministro del Interior Eduardo Bonomi.
Por otro lado la normativa vigente, además de permisiva, ignora realidades que nadie que viva en el país puede ignorar, y que refiere a que cuando a las cansadas se dispone la internación de menores infractores consuetudinarios en dependencias del Instituto Nacional del Menor (INAU), éstos se fugan de los “hogares” con mucho mayor rapidez que la que son capturados por la policía y entregados a la custodia del INAU, por lo que estos menores en realidad nunca son contenidos y sacados de la calle siquiera por unos días.
Una punta de esta realidad la explica el jefe de Policía de Montevideo, Walter Ferreira, cuando señala a El País que “estamos preocupados por la contención de menores. Nosotros sabemos que no son más de trescientos menores que deberían estar presos. Tenemos que decir las cosas como son, y con estos menores recluidos como deberían estar, la seguridad mejoraría en forma notoria”.
Estas apreciaciones seguramente las pueden hacer suyas los jefes de Policía de todos los departamentos del país --a sabiendas que un “niño” mayor de 14 años es prácticamente imposible de “reformar”, según entienden los propios psicólogos-- aunque en referencia a la situación en cada localidad, lo que reafirma, por si alguien tenía alguna duda, que el INAU no solo no cumple con sus funciones de reeducar, rehabilitar y reinsertar a los menores infractores en sus respectivos ámbitos, sino que lo que es peor, tampoco sirve para contener en dependencias adecuadas a los “infractores” que cometen delitos graves.
Ello pone de relieve la necesidad de asumir cuando antes esta realidad que rompe los ojos, para actuar en consecuencia, sin medias tintas, tanto en lo que refiere a la legislación como a volcar recursos humanos y materiales al INAU para que ya no tenga excusas para no cumplir con sus funciones básicas, y fundamentalmente para que el organismo tenga una conducción y apoyo político que deje de lado las teorías y las fantasías para hacer por fin lo que tiene que hacer.