Escribe el Dr. Rodolfo Canabal

Locales | 08 Jun La reciente entrevista en Anchorena de quienes ocupan las presidencias de Argentina y de Uruguay, junto con un amplio conjunto de ministros y de asesores, para tratar los asuntos que desde hace varios años han afectado las relaciones entre los dos países, es sin ninguna duda asunto trascendente que no debe permanecer al margen del comentario.
El profundo desencuentro originado por la decisión del gobierno de nuestro país de autorizar la construcción de la planta de celulosa de la empresa  Botnia en Fray Bentos, a la cual se oponían fundamentalmente el gobierno y la población de Gualeguaychú y zonas vecinas, mediante la alegación de que afectaría desde el punto de vista ecológico al río Uruguay y zonas vecinas, dio lugar entre otras actitudes a que “piqueteros” de la zona cortaran el tránsito por el puente internacional General San Martín que une Fray Bentos con Puerto Unzué, y fundamentalmente a que tales actitudes agresivas fueran apoyadas por el gobierno del vecino país, y también a que promoviera un juicio contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tales actitudes, que, como en notas anteriores señalamos, se agravarían ante la indebida tolerancia de las autoridades vecinas, fueron una situación ilícita que durante varios años creó perjuicios al  afectar el tránsito  entre los dos países.
El gobierno de Uruguay consideró, en nuestro concepto con el debido fundamento jurídico, que el del vecino país no se ajustó en todo ese importante y grave episodio a lo que correspondía de acuerdo con el Derecho Internacional, pues, además de su Constitución,  el Tratado que creó el Mercosur y otras normas internacionales le impone amparar la libre circulación internacional, y así fue sentenciado por el respectivo Tribunal Internacional a solicitud de Uruguay sin que ello alterara la tesitura indebida del vecino gobierno.
Finalmente, la Corte Internacional de la Haya emitió sentencia durante el pasado mes de abril en la cual, sobre la base de los terminantes dictámenes acerca de que el funcionamiento de la planta no afecta el ambiente del río Uruguay, impuso al gobierno de la República Argentina el deber de ajustar su conducta a tal realidad.
Al cambiar tan sustancialmente las circunstancias que determinan la conducta del gobierno vecino, se han realizado reuniones tendientes a dar cumplimiento a lo que corresponde en función del contenido de dicha sentencia, a la cual el respectivo gobierno ha dicho que se ha de ajustar.
En la reunión realizada en Anchorena el miércoles 2 estuvieron en el “orden del día” numerosos asuntos que integran el cúmulo de cuestiones para las cuales sería muy conveniente que ambos gobiernos pudieran acordar fórmulas positivas para los intereses de los dos países, entre ellas obviamente el relativo al corte del puente General San Martín, pero sólo se abrió una etapa de negociación por sesenta días para convenir las fórmulas definitivas que serían aprobadas en la reunión presidencial próxima fijada para sesenta días después. Con relación a dicho corte de la circulación del puente, la presidenta Fernández  dijo no estar la aplicación de medidas de fuerza dentro de su competencia sino de la del Poder Judicial, pero adelantó opinión favorable a su cese por los perjuicios que causa. Entre las cuestiones que están pendientes tienen gran importancia el relativo a la profundización de canales de navegación en las aguas internacionales y la instalación de una planta gasificadora en Montevideo apta para atender a los dos países.
Las opiniones sobre el resultado de la reunión para nuestro país han sido en algunos casos críticas, por no haber resuelto aun las cuestiones pendientes, en particular el corte del puente, pero, sin adelantar opinión acerca de cuál ha de ser el resultado final de lo que se negocia, corresponde sí señalar que el solo hecho de que las cuestiones pendientes de definición sean sometidas por ambos presidentes al estudio por ministros y asesores para ser próximamente analizadas, y obviamente para ser aprobadas en la medida en que las fórmulas sean compartidas, es un paso positivo pues altera sustancialmente la anterior realidad. Lo dicho no importa emitir opinión adversa sobre la gestión al respecto del anterior presidente, pues las circunstancias no son comparables. Sólo pretende señalar que el presidente Mujica ha iniciado un camino ajustado a las circunstancias que es el indicado cuando las cuestiones pendientes deben ser motivo de negociación.