Locales | 10 Jun El gobierno argentino presentó una denuncia penal y otra civil contra los asambleístas de Gualeguaychú pero no desalojará la ruta que conduce al puente internacional General San Martín para garantizar el libre tránsito tal como lo estableció el fallo de un juez federal de Entre Ríos. “Hemos presentado una denuncia penal con nombre y apellido” contra quienes cometieron diferentes delitos como impedir el normal funcionamiento de los transportes, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, apología del delito y resistencia a la autoridad, entre otros, enumeró el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, luego de una reunión de varias horas con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“En lugar de notificar a quienes no se van a notificar, en lugar de poner a las fuerzas de seguridad para lograrlo reprimiendo -no tenemos la vocación de reprimir- nos presentamos como querellantes en la causa y denunciaremos penalmente, con nombre y apellido, a los responsables”, dijo Fernández luego de una larga jornada en la que unos 200 activistas de Gualeguay-chú permanecieron en la ruta y anunciaron que continuarían con la medida de fuerza hasta las últimas consecuencias.
“Hemos asistido invariablemente a que quienes mantuvieron esa actitud radicalizada no van a acatar decisiones de la justicia. No podemos no acatar el fallo y permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo internacional”, dijo Fernández, que anunció en conferencia de prensa que el procurador del tesoro de la nación presentó el escrito en el juzgado. “A esto hay que darle un corte definitivo”, dijo en declaraciones que de inmediato fueron reproducidas en sitios de noticias y canales de televisión de Argentina y Uruguay. Entre otros delitos por los cuales el Estado argentino anunció que denunciará a los asambleístas de Gualeguaychú está el de sedición, apología del delito, atentado al orden público, amenazas agravadas, daños al bien público, instigación a cometer delito, atentados al orden constitucional, atentados al orden público, resistencia y encubrimiento. Adelantó también el inicio de demandas civiles contra los líderes del piquete por su responsabilidad en el cierre de negocios, pérdida de trabajo del transporte, importaciones y exportaciones, turismo y la imposibilidad de transitar libremente la frontera entre Uruguay y Argentina.
“Vemos que quienes han sido ocupantes del puente y que han tenido actitudes radicalizadas en muchos casos, no han tenido un punto de inflexión y siguen con la misma actitud”, dijo al calificarla como “un alzamiento contra una decisión de una corte internacional, acatada por el gobierno de la Argentina”. Finalmente señaló que la conducta de los piqueteros impide realizar un control y monitoreo del río Uruguay que garantice con objetividad que la planta de UPM no contamina y consideró que “no se puede predisponer al Uruguay a trabajar en conjunto” ante una situación de estas características.
Cambio de estrategia
En un principio, el gobierno había anunciado que iba a cumplir el fallo de la Justicia de manera inmediata, pero luego de una reunión que mantuvo la presidenta Cristina Kirchner con Fernández y el ministro de Justicia Julio Alak, se optó por la estrategia de querellar a los responsables. Durante la mañana el ministro de Justicia, Julio Alak, había anunciado que este miércoles se haría efectiva la resolución judicial que ordenaba el levantamiento del corte, lo cual finalmente no ocurrió. “Hay una orden judicial expresa, clara y contundente (...). Los manifestantes deben cumplir la orden judicial y el Gobierno la va a hacer cumplir a través de las fuerzas de seguridad federales”, dijo el ministro de Justicia Julio Alak a Radio Diez. El martes el ministro del Interior, Florencio Randazzo, también había afirmado que se cumpliría con la resolución judicial.