Opinion | 09 Jun La integración de representantes de la oposición a empresas públicas y organismos de contralor, producto de un acuerdo que surgió por iniciativa del presidente José Mujica, es una señal positiva que da el sistema político, por más que en la percepción popular, por lo menos de los más críticos y propensos a los estereotipos, el acuerdo pueda sonar a viejas prácticas de “repartijas” de cargos.
Pero un seguimiento más o menos aproximado del proceso indica que en esta instancia se ha logrado acercar puntos de vista que por ejemplo estuvieron muy distanciados durante la Administración Vázquez, quien contrariamente a lo que podía parecer, no ha puesto de manifiesto actitud de componedor o tejedor de acuerdos en el grado en que lo hace su sucesor.
El partido del mandatario cuenta con mayoría en ambas cámaras, por lo que no precisa negociar coaliciones de gobierno para obtener respaldo parlamentario –aunque sí para los casos en que la votación requiere mayorías especiales-- y sin embargo ha considerado que era su deber permitir que prácticamente la mitad de la ciudadanía que no lo votó tenga su representación en organismos del Estado que hasta ahora solo habían sido integrados por el oficialismo.
La Constitución de 1996 no obliga al partido ganador de las elecciones a incorporar representación de la oposición en entes y organismos estatales, pero sin dudas que el contar con representantes de estos partidos, en minoría, permite que haya controles que de otra forma le estarían vedados a quienes sin tener responsabilidades directas en el gobierno deben cumplir cometidos que permitan un acceso fluido a la información y a la gestión.
Asimismo, este “paquete” negociador incorporó el recambio de integrantes en organismos como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República, que estaban “congelados” desde hacía quince años por mecanismos de aprobación que requerían mayorías especiales que no se habían obtenido en ningún caso por notorias rispideces políticas.
Para el presidente Mujica el país está ingresando en una nueva época, porque “hay una política que se está yendo”, y agregó que se terminó aquel tiempo de cargos por apoyo político. “Te tengo que ofrecer sin condiciones lo que tengo y vos tendrás lo que tendrás que poner, a nivel de tu conciencia, porque este es un país pequeño, pero nadie se banca la pechera”, reflexionó. Agregó que deben tenerse “gestos de apertura y de grandeza”, lo que no significa el callar las opiniones que surjan de las convicciones de cada uno, para subrayar que “la única condición es un compromiso común y tenemos un compromiso que es con la nación”.
Más allá de la retórica encendida, y de la distancia que suele haber entre los dichos y los hechos, es plausible que se llegue a este nivel de entendimiento, que es a la vez a menudo consecuencia del ambiente favorable que se genera en todo inicio de una nueva gestión de gobierno, para después pasarse a un desgaste en la relación que se refleja en desacuerdos.
La forma de reafirmar que realmente se está evolucionando en tiempos de compromiso con el país, más allá de representaciones en estos ámbitos de la función pública, debe ser como condición ineludible el alcanzar acuerdos en políticas de Estado, para lo que se ha dado un buen paso en esta oportunidad al lograrse acuerdos en áreas estratégicas como medio ambiente, energía, seguridad y educación, de acuerdo a lo anunciado en el marco de esta negociación. Precisamente el acordar reglas de juego claras en estas áreas estratégicas, con el compromiso de mantener las grandes líneas de trabajo --cualquiera sea el partido que ejerza el poder-- ya es suficiente para empezar a revertir una de las grandes rémoras que ha padecido el país desde épocas inmemoriales, cuando cada gobierno ha traído su propia receta y ha dejado inconcluso o directamente cambiado sobre la marcha lo que habían ejecutado o previsto los predecesores, los que a la vez habían hecho lo propio con quienes anteriormente ejercían estas responsabilidades.
El resultado ha sido improvisación y políticas erráticas que son el sello de la imprevisibilidad, el despilfarro de recursos y desajustes en áreas vitales para el país, lo que explica muchas de nuestras deficiencias y problemas estructurales que se han generado al cabo de las décadas, conspirando contra el desarrollo. De ahí la importancia de acordar acciones en el mediano y largo plazo en el marco de políticas de Estado, con reglas de juego claras y previsibles para alentar la inversión, para lo que es imprescindible la cuota de responsabilidad y altura de miras de un sistema político que por demasiado tiempo no ha estado a la altura de las circunstancias.