Colono de Santa Kilda

Rurales | 13 Jun Realmente preocupado y hasta hace algunos días muy desorientado, Ruben Bitancourt llegó hasta la redacción de EL TELEGRAFO, buscando las últimas alternativas que le permita junto a su familia, continuar en el campo que desde hace más de 20 años trabajan y que el Instituto Nacional de Colonización pretende desalojar el próximo martes 15 de junio. “En agosto del año pasado efectué el planteo de una refinanciación por la cual no obtuve respuesta por parte del INC”, explica el productor, recordando los primeros pasos para solucionar su problema.
Como en abril se vencen las rentas, “en marzo decidí viajar a Montevideo y hablar personalmente con el vicepresidente del instituto, Mario Vera, quien me dijo que me quedara tranquilo que no me iba a pasar nada. Incluso llevé una de las notificaciones de desalojo recibidas y me indicó que no pasaría nada”.
Vera le indicó que hiciera la propuesta de pago. “Le dije que quería pagar la renta 2009-2010 al contado, y a fines de agosto yo pagaría la deuda capital mía, sacando los intereses y mora. La respuesta de Vera fue positiva, pero todo de palabra”, aclara Bitancourt.
A partir de ahí y luego de enviar la propuesta, el productor aguardó la respuesta del INC. En tanto, otro cedulón llegaba a su poder, e incluso un embargo genérico acrecentando la preocupación.
Al ver que no obtenía más respuestas, Bitancourt comenzó a moverse por cuenta propia, procurando un abogado en la ciudad.
Defensa
Marcelo Noriega aclaró que el productor inicia su defensa –contratando un abogado--, el pasado miércoles, “o sea un día antes de la nota publicada en EL TELEGRAFO que fue la que permitió a todos, conocer lo que estaba sucediendo”.
El viernes 11 de junio en la mañana, Bitancourt recibe el llamado de Pedro Hermann, regional del INC. “Me dice que la resolución ha salido favorable y que debo pagar la renta 2009 y al preguntarle si tenía fecha de pago me dijo que no. Me aclaró que no tenía nada escrito pero que demoraría unos 15 días en llegar un documento formal”.
“Esto no me tranquiliza para nada”, dice Bitancourt, “porque tengo fecha de desalojo para el martes 15 de junio. Sobre el particular, Noriega acotó que el regional sostuvo en ese diálogo –que fue escuchado por todos los que estaban presentes en el momento merced al altavoz del celular--, que “el martes no iba el alguacil a hacer el desalojo, porque el Instituto no le iba a dar la camioneta. Eso significa que el desalojo está vigente, porque el alguacil puede ir en moto para cumplir con las órdenes del juez”.
Todo esto genera más preocupación, indica el educacionista que está asesorando al productor en esta instancia “y realmente quedamos asombrados con lo que dijo el regional. Esa decisión se adoptó este viernes, pero debe ser ratificada el jueves para que recién después sea una decisión del directorio del INC, cuando el desalojo es el martes”.
Preocupación
“Lo que realmente llama la atención es qué sucedió con la propuesta de pago al contado elevada por el productor en agosto del año pasado, dirigida al ingeniero agrónomo Gonzalo Gaggero, en ese momento presidente del Instituto”, indica Noriega, acotando que esa nota “no sabemos si Gaggero la recibió, o quién la tiene”.
Sostuvo que esa nota “no estaba en Montevideo, por las mismas cartas que el regional escribe en marzo de este año, cuando de Montevideo le reclaman esa nota. En definitiva, la nota demoró 30 días de salir de Salto a Montevideo; cuando llega en setiembre, va a la división regionales. La ingeniera Andrea González la deriva a jurídica en noviembre, y la doctora Ana María Botosky en 48 horas, ordena a la regional Norte del INC, la ejecución inmediata de las medidas judiciales. Documentos que tenemos en nuestro poder”.
Para Noriega esto significa que “en noviembre del año pasado ya estaba decretado el desalojo. Cuando Bitancourt concurre a Montevideo en marzo, va con el primer cedulón judicial, no administrativo y en donde dice una aberración: se le comunica al productor que debe renunciar a los derechos indemnizatorios sobre las mejoras”.
“Esto significa que debe renunciar al derecho de las mejoras, que es todo el trabajo realizado (luz, pozo de agua de 50 metros, etcétera.), que suman junto al capital que posee U$S 53.500. Si él no procede a hacer eso se le va a rescindir el contrato y comienza el trámite de desalojo”. Noriega entiende que el directorio del INC “deberá tomar medidas, porque las cartas no le llegan, no se sabe quién hizo las tasaciones, porque incluso figura un galpón que no existe en el predio del productor, y no se sabe quién le puso ese valor a las mejoras”.