Opinion | 11 Jun La forma elíptica, por decir lo menos, con la que el gobierno argentino pretende “resolver” el corte del puente “General San Martín”, conlleva de por sí un reconocimiento velado de su larga serie de omisiones y culpabilidad directa en los hechos que llevaron a que la situación se le escapara de las manos, y en este caso incluso tratando de trasladar las culpas a la Justicia de su país ---que no es muy independiente que digamos— porque entiende que ésta nunca ordenó directamente levantar el piquete.
La Administración de Cristina Fernández anunció que denunciará penal y civilmente a los líderes del corte del puente San Martín, una decisión que por supuesto irritó a los piqueteros de Gualeguaychú, y que en esta orilla causó en alguna medida cierta sorpresa y frustración cuando se esperaban acciones expeditas o por lo menos directas para despejar el paso cuando había un nuevo fallo judicial que así lo disponía.
Es que cuando se consideraba que de un momento a otro el gobierno de Cristina Kirchner le daría la orden a la Gendarmería para desalojar el piquete de la ruta 136 que bloquea el acceso al puente San Martín, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció al caer la tarde que se había presentado una demanda civil y penal contra los responsables del bloqueo.
“Los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la Justicia”, sentenció el jerarca, quien sostuvo que “hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial” que ordene levantar el bloqueo, refiriéndose al último veredicto de la Justicia argentina en contra del bloqueo, que emitió esta semana el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. Igualmente, debe tenerse presente que el magistrado recordó que existe un fallo previo –en realidad, dos-- que ordena garantizar la circulación de vehículos por el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos, aunque Pimentel en ningún momento ordenó, explícitamente, el desalojo del piquete.
Pero para Fernández “no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible”, por lo que el gobierno del vecino país interpuso la demanda penal contra los responsables del piquete ante el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo, entre un sinnúmero de causas.
Por supuesto, en el piquete de Arroyo Verde, unos dos centenares de activistas de la Asamblea de Gualeguaychú reaccionaron indignados, entre silbidos e insultos, cuando Fernández mencionó la lista de delitos que ahora se les imputa, y que a juicio del jefe de gabinete procura definir con nombre y apellido a los responsables de “no acatar el fallo” de la Corte Internacional de La Haya.
A su vez promueve también la denuncia civil porque existe “responsabilidad de quienes generan acciones que provocaron cierres de negocios y exportaciones e importaciones, además de la compra de productos uruguayos necesarios, entre otras cosas”, para concluir que “en el tiempo más breve posible debe ser liberado el puente”.
Es evidente que la postura del gobierno argentino apunta a acomodar el cuerpo para no quedar “demasiado” en evidencia en su largo rosario de omisiones y posturas demagógicas que no hicieron otra cosa que alentar y prohijar la radicalización del corte que ahora pretende que se levante, pero no están muy lejos aún aquellos tiempos en los que Néstor Kirchner proclamaba que las banderas de los activistas de Gualeguaychú eran “causa nacional”, y ponía en altos cargos a los dirigentes más notorios del movimiento mientras se violaba abiertamente la ley que ahora se dice se pretende hacer cumplir.
Tampoco es serio que se invoque que la Justicia no ordena explícitamente que el gobierno deba desalojar a los activistas y que por ello se denuncia penalmente con nombre propio a piqueteros que participan en estas acciones, cuando lo que se ha hecho hasta ahora ha sido simplemente ignorar las respectivas decisiones judiciales que determinaban que debía mantenerse libre la circulación por el paso internacional, y que con este fin debían encararse las acciones pertinentes.
Mucho menos aún es de recibo la “pirueta” de que ahora se actúa porque la Corte Internacional de la Haya así lo dispuso, cuando todos sabemos que la Corte no se pronunció para nada sobre el tema, porque no era de su competencia, sino que lo hacía respecto al planteo sobre el Estatuto del Río Uruguay y la contaminación de UPM (ex Botnia).
No es de extrañar entonces que los piqueteros de arroyo Verde se sientan traicionados por su propio Gobierno, que de esta forma les clava un puñal por la espalda luego de haberles sacado todo el rédito político que pudo, cuando las masas estaban enceguecidas por una “causa nacional” en “defensa de la vida”.
Pero el punto es que por lo menos, aunque siempre tratando de trasladar las culpas a otros, el gobierno argentino, con contradicciones teñidas de subjetivismo y demagogia, se está más o menos encaminando por fin a hacer lo que debió haber hecho desde un primer momento, cuando pudo haberse ahorrado este bochorno y muchos problemas y dramatismo a la relación entre los pueblos de ambas orillas, entre otras consecuencias lamentables que inevitablemente aparecen cuando no se actúa a la altura de las responsabilidades.