Locales | 14 Jun El gobierno argentino avanzó en la querella contra los asambleístas de Gualeguaychú con la firma de un decreto que autoriza la presentación penal y civil, tal como lo solicitó el juez que interviene en la causa. La presidenta Cristina Fernández firmó el decreto que habilitó al Procurador General del Tesoro a presentarse como querellante en representación del Estado, con el fin de acelerar la causa contra los asambleístas por apología del delito y resistencia a la autoridad, entre otros cargos. El gobierno busca individualizar a los responsables del corte de ruta y querellarlos de manera de desactivar la protesta sin tener que recurrir a un desalojo por la fuerza. Argentina tomó esa decisión luego de que un juez federal confirmara el martes que se debe garantizar la libre circulación en el puente internacional General San Martín, mientras que los asambleístas reaccionaron con indignación y con cierto recelo a dar sus nombres a la prensa por temor a ser incluidos en la querella que, según fuentes del gobierno, incluye por el momento al menos a diez personas. El diario argentino La Nación publicó que quienes mantienen el corte de ruta en Arroyo Verde advirtieron que si son acusados en la Justicia denunciarán a funcionarios del gobierno argentino como partícipes necesarios de los 18 delitos penales que les atribuyó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En los inicios de la protesta el gobierno apoyó el reclamo de los vecinos y toleró el corte de ruta, pero paulatinamente tomó distancia de la medida y ahora presiona ante la justicia para lograr su desactivación.
“Nosotros decimos que si se va a querellar a un grupo de la asamblea, en esa querella tienen que estar incluidos todos los actores del gobierno que en estos seis años de lucha fueron partícipes de forma directa e indirecta”, señaló a El País el integrante de la asamblea, Martín Alazard.
En esa lista incluirían al ex gobernador Jorge Busti, que alentó las acciones de la asamblea, amenazó a Uruguay con cortarle el suministro de gas natural y hasta financió el funcionamiento de Arroyo Verde, con una partida mensual de 20.000 argentinos, que posteriormente suspendió el actual gobernador, Sergio Uribarri.
La “contraofensiva” legal piquetera podría involucrar también al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien el pasado también expresó su apoyo a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, e incluso al ex presidente Néstor Kirchner, que en mayo de 2006 concurrió a Gualeguaychú acompañado de su esposa, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.