Opinion | 20 Jun Con acierto, el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo, expuso que en nuestro país, como aporte al desarrollo y el crecimiento, es fundamental lograr “avances en la productividad”, como así también en la “calidad de las condiciones laborales” para poder alcanzar el desafío de duplicar las exportaciones. Este razonamiento fue formulado en un ámbito específico, que fue el de la celebración del Día de la Exportación, ante empresarios del sector y varios ministros, que con su presencia respaldaron la apuesta del gobierno a situar a la exportación como el motor de la economía y se dispusieron a escuchar los planteos del sector a través del presidente de la Unión de Exportadores, Alejandro Bzurovski.
Un país pequeño como el nuestro, donde el mercado interno se satura fácilmente, no puede concebirse sin una apertura al mundo y políticas que tiendan a potenciar la dinámica exportadora, prioritariamente evolucionando hacia la venta de productos terminados o semi terminados, en lugar de materia prima para que otros países nos revendan mercadería con valor agregado.
Pero de todas formas, mientras se trabaja para hacer realidad esta premisa, con defensa del trabajo nacional sin llegar a subsidios que solo puedan justificarse si se hace en forma temporal para alcanzar determinados objetivos hasta lograr la sustentabilidad, tenemos una realidad que no podemos negar, que es la de tener una economía de base agropecuaria, con un crecimiento significativo de producciones primarias como la agricultura y la forestación, en los últimos años, a las que lentamente se les va dotando de cierto valor agregado, todavía incipiente. Y en este contexto, resulta fundamental la competitividad, es decir potenciar las ventajas comparativas del país en determinadas áreas para estar en condiciones de ofrecer una mejor relación precio-calidad en los exigentes mercados internacionales, donde además, pese a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, subsisten prácticas desleales que nos desalojan de los mercados, sobre todo cuando la competencia se establece por las grandes economías asiáticas, que en su producción a gran escala abaten costos en forma significativa.
Para nuestro país el gran desafío radica en crear condiciones internas que permitan que además de potenciar nuestras ventajas comparativas, no exportemos costos adicionales que responden a ineficiencias y estructuras que conspiran contra el precio final, tanto en lo que refiere a los servicios y bienes que se producen para el mercado interno como para el externo.
El ministro de Economía y Finanzas trajo a colación ante los exportadores el concepto fundamental de la productividad, sobre lo que expresó que “sin avances en productividad, sin que la productividad se convierta en la principal polea de transmisión del progreso, es impensable que una estrategia de expansión de las exportaciones se prolongue en el tiempo”, y a la vez acotó que desde las políticas públicas se harán “esfuerzos para despejar toda incertidumbre de la suficiencia y capacidad de la infraestructura”.
Por cierto que en este caso al sector privado no le duelen prendas, porque si bien es cierto que se siempre se puede y se debe avanzar más en la eficiencia y la productividad, en un marco de competencia y ante la necesidad de tener rentabilidad para subsistir, los operadores del ámbito privado deben apelar inevitablemente a este concepto como condición básica de gestión en las respectivas empresas.
En cambio, el gran ausente en este esquema es el Estado, donde la ineficiencia, la inamovilidad, los monopolios, la burocracia, la lentitud e inoperancia en la gestión, no resisten el menor análisis. Aquí es donde le tomamos la palabra al ministro, para que el Estado deje de ser la rémora para el desenvolvimiento de la economía, para la competitividad, y se lleve a la práctica el enunciado de que se despeje “toda incertidumbre” sobre la capacidad de la infraestructura para acompañar el proceso que lidera el sector privado.
Si el Estado no pone su contraparte, si no se busca la eficiencia, la participación de privados en servicios y concesiones, en generación de infraestructura, como parte de la impostergable reforma del Estado, muchos de estos enunciados quedarán solo en eso.
Pero debemos entender que buena parte de la “productividad” del sector privado se va en mantener la burocracia e ineficiencia de las empresas públicas, que se sostienen sobre la base de tarifas exacerbadas, así como a un Estado sobredimensionado y paquidérmico que solo se justifica en sí mismo. Por lo tanto si pretendemos que nuestros productos sean competitivos globalmente, un primer paso sería encarar por fin “la madre de todas las reformas”, aquélla que anunció con tanto ímpetu Tabaré Vázquez al asumir su mandato en 2005 y que hasta ahora no pasó de ser una expresión de voluntad.