Opinion | 15 Jun Luego de un largo proceso, el Ministerio de Salud Pública autorizó en 2007 la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (HPV, por su sigla en inglés) en Uruguay. Se trata de un avance tecnológico que ha agregado un nuevo y complementario nivel de prevención a la ya existente a través del Papanicolau en la detección de cáncer de cuello de útero, enfermedad que es responsable de la muerte de tres mujeres por semana en nuestro país.
Este cáncer representa la segunda causa de muerte en mujeres a nivel mundial y la tercera en Uruguay, con el agregado que afecta fundamentalmente a jóvenes que suelen estar en la etapa más productiva de su vida laboral y social y, muchas veces, tienen hijos pequeños.
El HPV es un virus muy común que afecta tanto a hombres como mujeres y la literatura científica indica que más del 50% de las mujeres adquiere la infección en los primeros cinco años desde el inicio de sus relaciones sexuales. Sin embargo muchas de ellas jamás se enteran ya que el HPV no les produce ningún síntoma y desaparece en el cuerpo.
Pero existen más de 100 tipos de este virus y algunos de ellos pueden infectar la mucosa del útero y transformar las células normales en cancerosas. Los que más frecuentemente causan cáncer de cuello de útero son los tipos 16, 18, 54 y 31. Juntos, los tipos de HPV 16 y 18 son responsables del 70% de los casos de este tipo de enfermedad y también están relacionados con el cáncer de vagina, vulva y recto.
Hasta hace algunos años la única forma de prevención era el Papanicolau, pero ahora la existencia de una vacuna preventiva --no cura el cáncer-- refuerza las posibilidades de prevenir la mayoría de los casos.
Para alcanzar la máxima protección es importante que las dosis sean aplicadas en niñas y adolescentes que aún no hayan estado expuestas al virus (antes de la primera relación sexual).
Existen dos marcas comerciales de la vacuna en Uruguay. Ambas deben ser administradas en tres dosis en un plazo de seis meses y están autorizadas por el Ministerio de Salud Pública para ser inoculadas.
Sin embargo, esta vacuna no está incluida en el Carné de Vacunación ni es administrada en forma gratuita por los servicios de salud. Esto significa que en este momento puede ser adquirida con receta médica y es de libre acceso solo para quien la pueda pagar, puesto que cada unidad tiene un costo de algo más de 3.000 pesos.
Aunque la Organización Mundial de la Salud opina que la vacunación contra el VPH rutinaria debería incluirse en los programas de inmunización nacionales, en la práctica esto no ocurre en muchos países además de Uruguay.
Quizá porque los padres no están debidamente informados del alcance e importancia de esta vacuna, no hay aún una clara presión social para incluirla en los planes de vacunación públicos, aunque el reclamo está comenzando a escucharse. Sin embargo cabe preguntarse cuántas mujeres morirán en los próximos 50 o más años debido a que sus padres no tenían los recursos económicos para afrontar los costos de este medicamento, cuáles serán las consecuencias sociales para los hijos que perderán a sus madres por un cáncer que pudo evitarse y qué costo deberán asumir los sistemas de salud en los miles de tratamientos –en la mayoría de los casos mutilantes— de las mujeres que hayan desarrollado la enfermedad. Sin duda el costo social es invaluable, pero también el factor económico a largo plazo indica que sería mucho más prudente que el Estado provea la vacuna y la incluya entre las obligatorias para las niñas y adolescentes.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas hay en el país unas 186.700 niñas y adolescentes de entre 9 y 15 años. Indudablemente, el costo financiero que representa vacunarlas contra el HPV bien vale la ventaja de asegurarles una vida saludable libre del riesgo de contraer uno de los cánceres más comunes y devastadores del género, algo que por cierto está entre las obligaciones del Estado.
Por otra parte, si se han gastado varios millones de dólares en la instrumentación del Plan Ceibal con la finalidad de disminuir la brecha digital ¿no sería también una cuestión de equidad garantizar el acceso a una vacuna que puede aumentar notoriamente las posibilidades de una mejor calidad de vida de las niñas de hoy y mujeres del mañana?
En el Parlamento Nacional existe un proyecto de ley presentado en 2007 por el cual se habilita en forma gratuita y obligatoria la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para la población femenina a partir de los 9 años en el territorio nacional. Es hora de desempolvarlo y convertirlo en realidad.