Locales | 15 Jun Las máquinas tragamonedas, instaladas hoy en cualquier tipo de comercios y sin tope de edad para el juego, serán limitadas a bares y cantinas, no habilitadas para menores de 18 años y se pagarán impuestos por su utilización, según anunció a EL TELEGRAFO el director nacional de Casinos, Javier Cha. “Estamos elaborando un proyecto de ley que en breve terminará para que haya una salida legal, con la posibilidad de operar y con garantías para todos, y una limitación importante del fenómeno que creció al costado de la legalidad de Estado y que no se ha sabido encauzar”, expresó.
Según el jerarca, el proyecto regulará “lo que hasta ahora es una instalación ilícita y anárquica de máquinas tragamonedas en cualquier parte. Lo que vamos a hacer es proteger derechos, en el proyecto se crea un registro donde deberán estar inscriptos todos lo que operan o vayan a tener tragamonedas, tanto los fabricantes, propietarios, establecimientos comerciales”.
Solo bares y cantinas
“Las instalaciones que pueden llegar a ser afectadas por la instalación de máquinas tragamonedas barriales van a ser solamente los bares y cantinas independientes, no los que están en otro tipo de marcos como clubes sociales o deportivos; habrá un máximo para instalar por cada uno de esos establecimientos, que según nuestra propuesta serán tres máquinas, y los propietarios y comerciantes que instalen estas máquinas serán responsables frente a la ley en cuanto el proceso sea cristalino, se paguen los impuestos que corresponden y las máquinas sean autorizadas previamente por la institución correspondiente”, explicó.
En cuanto a la limitación para el juego por menores, dijo que “si lo vamos a instalar en bares y cantinas estará asociado a que los menores no beban y no jueguen, y habrá controles estrictos en cuanto a eso”, aunque no está definido aún si el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) u otra repartición tendrá a su cargo las inspecciones.
SERá penado como DELIto
Dijo que el proyecto “incluye un capítulo de sanciones muy importantes”, detallando que “ahora sí vamos a aclarar (en la ley) que el juego ilícito no es una falta, sino un delito, se crea una figura y va a contener sanciones como la prisión, y va a ser perseguido como delito”.
Agregó que “los comerciantes que instalen máquinas que no sean autorizadas tendrán graves sanciones económicas, que hoy por hoy no están”. Chá cree que habrá voluntad para regularizarse “por estas sanciones explícitas, ya que el Estado no va a tolerar”.
En cuanto a qué pasará con las máquinas que ya están instaladas, dijo que “se dará un reacomodamiento, y si se cumple con la generalidad de la ley las máquinas podrán seguir en uso bajo control, porque serán registradas y autorizadas, los propietarios deberán tener un permiso para instalarlas y los comerciantes otro permiso para colocarlas en sus establecimientos, los bares y cantinas, y habrá un impuesto que pagar por la operación comercial”.
“Respuesta realista”
El jerarca aclaró que “lo que hacemos es regularizar, no es ni auspiciar ni promover ni aumentar, en todo caso es una respuesta realista que mitigue y resuelva un problema social y comercial planteado por un fenómeno que ha crecido en forma caótica y que hasta el momento nadie le puso un cauce racional para conducirlo dentro de la ley”. El proyecto está siendo elaborado por técnicos de la Dirección Nacional de Casinos, luego de lo cual “lo elevaremos al Ejecutivo para ver si lo comparte y, si lo hace propio, irá al Parlamento”.