Nadie es perfecto

Locales | 20 Jun (Por Enrique Julio Sánchez, desde Estados Unidos). Jenri Armando Martínez González, de 22 años, trabajaba en una pizzería en Morristown, una de las ciudades principales del condado de Morris, donde resido. En agosto del año pasado fue a un local conocido como “go-go dancers”, donde mujeres en bikini bailan para los clientes, quienes les colocan billetes de un dólar en sus diminutas prendas. Aunque está prohibido, todo el mundo sabe que son también centros donde se ejerce la prostitución. Martínez González acordó con una de las chicas para tener sexo por 300 dólares y le dio el dinero. Ella escapó, pero el la alcanzó y la acuchilló en el hombro y la espalda. El viernes fue condenado a 10 años de prisión, aunque el juez reconoció que la víctima actuó con intención de robar.
Cinco años atrás, en octubre de 2005, Eddy Espinal, de entonces 44 años, entró a una peluquería en New York y mató a tiros al dueño del local, Julio Ernesto Filpo, e hirió a otras tres personas, enojado porque no le habían dado trabajo. En estos días fue condenado a 105 años de prisión. Dos casos policiales recientes en esta área de Estados Unidos que dejan en claro la severidad con que se castiga a los infractores de las leyes.
Leyendo el reporte policial de EL TELEGRAFO en sus ediciones del viernes y el sábado, llama la atención como las leyes uruguayas castigan a quienes cometen delitos y, en consecuencia, como proceden los agentes policiales, cumpliendo obviamente con la legislación vigente, promulgadas como se sabe por el Poder Legislativo.
El confuso caso catalogado en Uruguay como “violencia doméstica” en una habitación de un edificio antiguamente utilizado como hotel de alta rotatividad, hubiera tenido un tratamiento bastante diferente en Estados Unidos, al menos en el estado de New Jersey. Ante el primer llamado de alerta, la Policía, en lugar de dialogar con los involucrados en el incidente desde el exterior de la pieza, ante la presencia de un arma y un menor, habría penetrado en la habitación, reducido a los dos mayores, colocado esposas en sus manos y de inmediato llevarlos a un centro hospitalario para un reporte profesional. Posteriormente a un centro de detención hasta que el juez les fijara fianza y fecha para el juicio por cargos de violencia doméstica, pero especialmente de dos cargos que ni siquiera parecen ser considerados en Uruguay: poner en peligro la vida de un menor (había un cuchillo y ambos adultos intercambiaron golpes) y crueldad animal (el perro terminó ahorcado). Y si no podían pagar la fianza, directamente a la cárcel, hasta el día del juicio.
Por otra parte, la Policía habría llamado de inmediato al Departamento de Familia para que se hiciera cargo del menor. Pero de ninguna manera la Policía habría abandonado el lugar simplemente porque se lo pidieran los protagonistas del incidente, ni permitido que la mujer se hubiera negado al amparo de violencia doméstica.
Sin dudas, no es cuestión de buscar culpables, ni de indicar que la Policía actúa con liviandad o que los jueces no son rigurosos. En el paisito lo que falla son las leyes que regulan la administración de Justicia. En Uruguay, la administración de Justicia todavía parece un hecho de “el huevo o la gallina”.
No hay suficientes establecimientos carcelarios, por lo que no parece conveniente aprobar leyes más rigurosas; no hay suficiente dinero para el servicio carcelario, por lo que cuanto antes sean liberados los presos, menos gastos; no hay instalaciones apropiadas para lidiar con menores delincuentes (que no deben ser confundidos con los menores infractores) por lo que no hay leyes que penen con severidad a quienes sin 18 años han cometido crímenes que en otros países, como Estados Unidos, merecen que sean juzgados con las mismas leyes que se aplican a los adultos.
No hay dudas que en Estados Unidos, especialmente en las áreas urbanas más densamente pobladas, la criminalidad es elevada y que hay problemas crónicos como la distribución y venta de drogas, pero al mismo tiempo las leyes son muy rigurosas y se aplican con dureza.
Por otra parte, la sociedad castiga también muy duramente a quienes han pasado por la cárcel, a quienes les resulta prácticamente imposible acceder a trabajos bien calificados o, en muchos casos, residir en determinadas áreas. En estos días, un uruguayo que fue de visita al paisito, volvió sorprendido por dos cosas: la cantidad de basura en las calles de Montevideo y la violencia y delincuencia con que se vive.
En cuanto a esto último, las razones son muchas, sin dudas. Pero la falta de leyes que castiguen con mayor severidad y que tengan en cuenta primero los derechos de las víctimas antes que los de los agresores, es una de ellas. Hoy, uno de cada 300 uruguayos está preso. Y el 60% reincide cuando queda en libertad. Pero hay muchos delincuentes menores de edad que cometen graves crímenes que no son debidamente castigados.
Por tanto, la criminalidad es ciertamente un problema primordial en el paisito. La severidad de castigo es una herramienta para contenerla. En tanto, los medios de Estados Unidos hablan de “robo” en el partido que Estados Unidos empató con Eslovenia después que le anularan un gol en posición lícita. Y el verano, finalmente, llega a estas tierras este fin de semana.
En otro orden de cosas, la cuenta regresiva continúa sin dificultades ni pausas. Unos 65 días y contando. Aunque esa, esa es otra historia.