En Gualeguaychú analizan continuidad del corte

Locales | 15 Jun Mientras la Gendarmería notificó a los involucrados que deben permitir circular por la ruta cortada por el piquete, la Asamblea Ambiental de Gualeguay-chú discutirá mañana si cesa por dos meses el bloqueo de más de tres años y medio en la frontera con Uruguay.
“En una asamblea ampliada se propondrá levantar el corte de ruta por dos meses para ver si Uruguay está dispuesto a monitorear la planta” finlandesa de UPM (ex Botnia), dijo Ana Angelini, abogada de la Asamblea.
La iniciativa será discutida luego que el gobierno de Cristina Kirchner anunciara la semana pasada que presentará querellas criminales y civiles contra los principales líderes de la protesta. El gobierno busca individualizar a los responsables del corte de ruta y querellarlos de manera de desactivar la protesta que lleva tres años y medio, sin tener que recurrir a un desalojo por la fuerza. Argentina tomó esa decisión luego de que un juez federal confirmara el martes pasado que se debe garantizar la libre circulación en el puente internacional General San Martín.
En tanto, en el Boletín Oficial de Argentina fue promulgado el decreto 828/2010 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que autoriza al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la causa 57.839 que acusa civil y penalmente a diez asambleístas.
El decreto afirma que la ocupación indebida del paso de frontera de Gualeguaychú-Fray Bentos “ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado”.
El documento cita el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y agrega que corresponde al gobierno argentino “garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos con la República Oriental del Uruguay”.
Seguidamente enumera los delitos de los que se acusa a los asambleístas. “Entre otros, los delitos que se denuncian implicarían hechos tales como homicidio culposo, privaciones de libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito”.