Opinion | 23 Jun En un país pequeño de base esencialmente agropecuaria y que carece de riquezas naturales como minerales y petróleo, es notorio que la generación de bienes y servicios para la exportación debe sostenerse fundamentalmente sobre la calidad antes que la cantidad, como es el caso de muchos ejemplos en el mundo.
A su vez, la escasa población de nuestro país hace que la economía nacional dependa directamente de los ingresos de divisas por las ventas al exterior, por lo que es imperioso lograr el mayor procesamiento posible para los productos que exportamos de forma que produzcan puestos de trabajo dentro de fronteras, en lugar de vender materia prima para industrializar en el exterior. Para alcanzar este objetivo es necesario lograr la máxima calidad posible al menor costo en cada producto que se pretenda colocar afuera, para así competir en los mercados donde otras naciones tienen ventajas sustanciales por mayor escala de producción e insumos más baratos.
De ahí que la apuesta a la inversión debe ir de la mano del avance tecnológico pero también de la investigación local, porque tanto la tecnología como el conocimiento son un bien muy preciado y muy caros de obtener. Por otro lado sería temerario importar conocimientos de otras regiones que podrían no funcionar de igual manera en nuestro país, porque las realidades de cada uno pueden ser muy diferentes y lo que es válido en otras partes podría ser un fracaso de aplicarse de igual forma aquí.En este contexto, debemos valorar las políticas que se instrumenten en favor de la investigación dentro de fronteras en apoyo a la producción nacional, desde que significan una apuesta al futuro y un reaseguro de la dinámica que hará sustentable la economía, a la vez de tener apoyo sobre datos fehacientes en lugar de aproximaciones y supuestos sobre otras realidades.
Una de las patas de apoyo de este esquema debe provenir del propio Estado y no solo de los actores privados directamente interesados en el tema, desde que toda investigación seria conlleva fuertes inversiones en recursos humanos y materiales, con un retorno que no necesariamente se va a lograr en el corto o mediano plazo, y que por lo tanto debe formar parte de costos permanentes porque su rentabilidad tiene carácter permanente, aunque no pueda determinarse claramente en los números.
Las empresas forestales, a modo de ejemplo --que forman parte de un sector que ha cobrado dinámica creciente en los últimos veinte años-- tienen sus propios equipos de investigación y han debido reacomodar su gestión a la luz de los recursos de suelo y el clima que ofrece nuestro territorio, muy distintos por ejemplo a los de países europeos, donde las mismas especies que acá resultan explotables a los quince o veinte años, tardan medio siglo en crecer, y la densidad y propiedades de la madera son a la vez diferentes a la luz de estos factores.
Es por lo tanto fundamental que el Uruguay cuente con entidades como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), y estaciones experimentales en una diversidad de áreas que implican un aporte sustancial para mejorar la productividad, poniéndose énfasis no solo en el aspecto económico, que puede equivaler a la premisa del desarrollo a cualquier precio, sino a la vez haciendo hincapié en el cuidado de los recursos naturales, porque éstos son decisivos para la sustentabilidad de la producción.
Actualmente el INIA está en la etapa de elaboración de su plan estratégico quinquenal, que significa trazar un plan de ruta en apoyo a sistemas de producción, como el lechero, la agricultura, la pecuaria, la forestación, la fruticultura, la apicultura, además de la identificación de áreas y subgrupos estratégicos alineados con las prioridades del país, lo que es a todas luces positivo por cuanto es precisamente por donde debe pasar este trabajo para que realmente sirva a los intereses nacionales.