Opinion | 17 Jun Según el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, nuestro país necesita una inversión de unos 5.000 millones de dólares para cubrir una demanda energética que estima crecerá un 20 por ciento en los próximos cinco años, de los cuales 3.400 millones serán necesarios para la parte eléctrica, es decir para atender los requerimientos del consumo solo en este sector energético.
El secretario de Estado consideró que una parte de la inversión provendría del Estado y el resto de privados, y en el contexto de los pasos que se están encarando con vistas a reconvertir la matriz energética el gobierno prepara las bases de acuerdos en esta área con Argentina, Bolivia y Brasil, que le permitirán incrementar la oferta de energía eléctrica.
De acuerdo a las estimaciones manejadas por el Poder Ejecutivo, en los próximos años el país continuará creciendo en el entorno del 4 y 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), y según explicó Kreimerman, “por cada uno por ciento que crece el PBI, la demanda de energía lo hace en un 0,7% para atender las necesidades productivas y también las sociales que ese crecimiento genera. El crecimiento debe ser desarrollo y no solo crecimiento”, indicó. “Por eso la necesidad de incrementar por el lado de la oferta de energía tal vez un 20%, y por el lado de asegurar más energía frente a la eventualidad del clima y frente a las inversiones que están llegando, estimamos otro 20% más”, añadió.
Las respuestas que promueve el gobierno ante este escenario básicamente apuntan a concretar acuerdos con Argentina, Brasil y Bolivia, y en el caso del vecino rioplatense, Uruguay planea instalar una planta de regasificación de gas licuado en Montevideo, que serviría a los dos países.
Pero claro, como bien dijo el secretario de Estado, los plazos son cada vez “más breves”, y ello es así porque se ha perdido un tiempo lastimoso como consecuencia de la improvisación y de falta de políticas de Estado en un área estratégica como la energía, donde no se ha alentado significativamente la inversión privada y nunca se han dado señales positivas con reglas de juego claras para asegurar determinada rentabilidad y minimizar riesgos a quienes arriesguen capitales en el sector.
En otros países, sobre todo los desarrollados, no solo se da este escenario, sino que además se otorgan subsidios en el entendido de que es preciso promover la independencia energética y a la vez encarar una gestión sustentable con el medio ambiente. Pero en nuestro país las buenas intenciones manifestadas en los discursos y en algunas medidas que apuntan a este fin muchas veces quedan sofocadas en los mandos medios de determinados organismos, como ha sido el caso de UTE y la propia Ancap, que no están dispuestos a perder porciones de poder ni afectar sus propios intereses particulares.
El caso de UTE ha sido flagrante, desde que mientras por un lado el Poder Ejecutivo una y otra vez ha señalado que redobla su apuesta a la generación con energías alternativas, en los hechos UTE ha sido muy lenta y hasta displicente en cuanto a las convocatorias y dilucidación de los llamados a licitación a que convocara en su momento. Incluso “torpedeó” en su momento el interés de quienes apostaron a utilizar biomasa al fijar topes de precios para la compra de potencia, un aspecto que más allá de que no figuraba en el pliego de condiciones es absurdo para un país altamente dependiente de la energía cara que le puedan vender sus vecinos, si les sobra.
Con estos antecedentes poco alentadores, todo indica que se han introducido ajustes que sobre todo refieren a un “alineamiento” de los entes con la conducción política, y los pasos hacia la usina regasificadora se inscriben en una decisión estratégica que a primera vista tiene sus pro y sus contra, en este último aspecto debido sobre todo a la tradicional imprevisibilidad de su eventual socio, Argentina.
En el caso de Brasil, hay un proceso de interconexión de energía eléctrica que ya está en marcha y el ministro indicó que se recibieron ofertas de empresas instaladas en ese país para suministrar energía a Uruguay en base a carbón, lo que debe dar lugar a otra discusión –tal como está pendiente también respecto a la energía nuclear— acerca de la conveniencia o no de optar por un combustible potencialmente muy contaminante, además de seguir dependiendo de la importación y en este caso en grandes volúmenes.
Pero teniendo a mano opciones posibles en base a energías renovables, como es el caso del viento, la biomasa e incluso la solar, estas alternativas siempre discutibles que maneja el Poder Ejecutivo solo se explican en las urgencias, por lo que más que nunca son necesarios acuerdos políticos de largo aliento a efectos de prepararnos para los desafíos a mediano y largo plazo, en tanto seguimos apagando los incendios que han causado las políticas erráticas.