Opinion | 18 Jun Cuando todavía están por dilucidarse y sobre todo acordarse algunos aspectos de la salida temporal, en principio, para el largo novelón del corte del puente General San Martín, corresponde formular reflexiones sobre el tenor de esta vuelta de tuerca de las últimas horas, cuando por primera vez en una sesión de la asamblea de ciudadanos autoconvocados de Gualeguaychú las posturas más moderadas –dentro de la relatividad del término—obtuvieron mayoría sobre los grupos radicales que hasta ahora habían dominado la expresión de este grupo de vecinos y arrastrado al duro conflicto.
Todo indica que para llegar a esta suspensión por sesenta días del corte ilegal de la ruta que lleva al puente binacional hubo un velado proceso de negociación entre ambas Cancillerías, que a partir del veredicto de la Corte Internacional de La Haya y la actitud del presidente José Mujica de negociar pese a la medida de fuerza de los piqueteros, se ha podido encaminar por parámetros que alientan primero esta suspensión y luego la firme posibilidad del levantamiento definitivo del piquete.
Esto nos ubica en un nuevo escenario, que por supuesto es mucho mejor que lo que hemos tenido durante cuatro años, sobre todo porque a partir de este principio de entendimiento es posible comenzar a trabajar en los grandes temas pendientes para la integración y el desarrollo regional, como es por ejemplo el dragado de los pasos del río Uruguay, encarar la complementación productiva, de servicios y turística entre ambas orillas, afectados por un conflicto que ha marcado a fuego esta relación por demasiado tiempo.
Pero claro, negociar significa ceder poco o mucho para recibir algo a cambio, y ello lleva a reflexionar sobre los aspectos en juego en esta negociación. Lamentablemente partimos del principio de que las acciones de fuerza y por lo tanto ilegales de los piqueteros han logrado arrancar concesiones en nuestra orilla, tras causar grandes perjuicios de los que nadie se va a hacer responsable, para ir más allá de lo que establece el Estatuto del Río Uruguay, que establece la vigilancia de la calidad de las aguas del río en cuestión.
Este costo y resignación de soberanía, pese a las vueltas que se den, parte por lo tanto del supuesto de que ni siquiera se confía en los análisis de aguas, como se establece en los compromisos internacionales, y lo mínimo que se puede pedir, ya que entramos en concesiones sin contrapartida, es que también se habiliten monitoreos conjuntos en otros emprendimientos instalados o que se instalen sobre el río o incluso en sus afluentes en ambas orillas, fundamentados en elementos técnicos que no signifiquen bandera verde irrestricta para obstaculizar u observar procesos por simple sospecha o hacerse eco de planteos fundamentalistas. Ciertamente sería interesante saber qué grado de contaminación producen las industrias del parque industrial de Gualeguaychú –donde incluso hay industrias químicas de alto potencial contaminante--, por ejemplo, cuyas emisiones terminan diluyéndose en las aguas del río Uruguay, o el aporte de aguas servidas sin tratamiento de Concordia, ciudad con una población similar a la suma de la de Salto y Paysandú. Esta propuesta puede parecer desproporcionada pero en definitiva si lo que se pretende es determinar cuáles son los verdaderos contaminantes del río, es imprescindible juntar toda la información de ambos países y no solo controlar a la pastera de UPM. Todo esto es lo que se debería tener en cuenta si se pretende ceder a la exigencia de los piqueteros de controles binacionales a la planta que está en suelo uruguayo.
Pero si realmente se quiere llegar a esta concesión para dejar abierta la puerta a una solución, lo adecuado sería dejar los controles en manos de una auditora independiente de prestigio internacional, con veedores de ambas naciones, pero teniendo siempre presente que estamos ante un emprendimiento privado, que debe someterse a los normas internacionales y del país en el que está emplazado, que es el que debe tener la última palabra respecto a lo que se hace dentro de la planta.
También debe tenerse en cuenta el factor de imprevisibilidad del gobierno argentino, sujeto a los avatares de política interna que llevaron por ejemplo a que se embanderara con los piqueteros en su momento y que luego los denunciara ante la Justicia, por lo que se debe ser muy cuidadoso en lo que se acuerda y meticuloso en el cumplimiento, aunque ya se han dejado prendas del apero por el camino en esta tortuosa línea entre lo legal, lo correcto y el pragmatismo que nunca debe llegar al extremo de apartarse del Derecho.