Opinion | 21 Jun Es notorio que desde su nacimiento la Universidad de la República se ha presentado como una fuente de conocimiento y capacitación al margen de todo cuestionamiento de la propia sociedad que la sostiene, a la que por cierto a lo largo de las décadas le ha retribuido de su aporte solo una pequeña parte en servicios sociales y apoyo al desarrollo del país.
A la vez, en una mal interpretada autonomía, ha pretendido ponerse por encima del bien y del mal y considerar cualquier crítica, cuestionamiento o planteo en favor de su evolución como una intromisión y violación de este concepto, que ha servido más como mecanismo de autodefensa que para el fin específico de preservar la educación universitaria fuera de injerencias directas del poder político o gobierno de turno.
Quiere decir que la autonomía ha quedado desnaturalizada en la realidad, lo que se ha agregado al hecho de que a lo largo de toda su existencia la enseñanza terciaria nacional ha sido de perfil centralista y elitista, al punto que la gran mayoría de los estudiantes y egresados universitarios han sido de Montevideo, y que a la vez un alto porcentaje de quienes provienen del Interior se ha radicado en la capital, al concentrarse en este ámbito los centros de alta tecnología, de capacitación y de oportunidades laborales.
Pero hay otro concepto muy arraigado históricamente en la universidad estatal: que durante mucho tiempo ha pretendido ser el único foco de educación terciaria en el país. Aunque gradualmente se han creado universidades privadas, pese a la abierta oposición de la Universidad de la República.
Asimismo, tras esta mal entendida autonomía y concepto de igualdad absolutamente distorsionados que se han cultivado a espaldas de la realidad, la Universidad ha levantado durante décadas como bandera una presunta gratuitad, que ha pretendido ser una forma de ofrecer igualdad de oportunidades a los jóvenes que procuren seguir cursando estudios terciarios.
Esta teoría ha sido desmentida rotundamente por los hechos, si se tiene en cuenta que casi el 70 por ciento de los estudiantes universitarios proviene de Montevideo, de la misma forma que los profesionales egresados, y que del total de estudiantes universitarios no menos del 80 por ciento surge de sectores de elevados ingresos o de estratos medio altos, por lo que en los hechos toda la sociedad está aportando recursos para que estudie gratuitamente una gran mayoría de estudiantes de familias pudientes que podrían solventarse sus estudios.
Y de nada han valido hasta ahora los planteos para que la Universidad cambie de perfil y promueva el cobro de matrícula a los estudiantes de altos ingresos, con el fin de que ese dinero pueda volcarse a becas generosas hacia estudiantes del Interior de menores recursos, entre otras posibilidades, para hacerla más igualitaria, como así tampoco se ha allanado a establecer cuotas de ingresos en determinadas disciplinas, para que todos los uruguayos dejemos de financiar carreras gratuitas que forman profesionales en áreas saturadas del mercado laboral.
La respuesta ha sido un rotundo rechazo o siquiera acceder a la posibilidad de considerarlo, por aquello de la autonomía, y encima también cuenta con la anuencia y hasta complicidad del partido de gobierno a la hora de promover un proyecto de ley para la evaluación de la calidad y acreditación de la enseñanza terciaria. Así, el Ministerio de Educación y Cultura ha reenviado al Parlamento la misma ley elaborada por la Administración Vázquez –y que quedó en suspenso-- por la que se crea la Apacet, Agencia para la Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Enseñanza Terciaria, la que contará con un Consejo Directivo de cinco miembros, de los cuales dos serán propuestos por la Udelar, uno por el Ministerio de Educación y Cultura, uno por las universidades privadas y otro por el Instituto Universitario de Educación.
El punto es que este organismo de evaluación “vigilará” a las universidades privadas y únicamente lo hará con la Universidad de la República si ésta lo solicita, lo que no solo es un contrasentido, sino una verdadera aberración si se tiene en cuenta que la Universidad es juez y parte en el asunto y no tendrá obligación de suministrar ninguna información al nuevo organismo.
Esta postura genera frustración, desde que por esencia una agencia debe ser independiente del sistema político, de las instituciones educativas y de las corporaciones, en beneficio de la calidad de la educación terciaria, precepto que inevitablemente quedará por el camino, de prosperar este proyecto.