Nacionales | 25 Jun Más de 100.000 personas teletrabajan en Uruguay, lo que representó en 2009 ingresos por 500 millones de dólares, en un modelo que será aplicado en Chile y es mirado con interés por otros países de la región. En la víspera se realizó el debate “Uruguay Respira TIC´s” en el Palacio Legislativo, donde se analizó el teletrabajo en un marco legal con legisladores y teletrabajadores.
Desde artesanías o productos usados vendidos a través de Internet hasta traducciones, diseño de páginas web, asesorías o contabilidad, las áreas en las que se desarrolla el teletrabajo --trabajo a distancia mediante tecnologías de la información-- son tan variadas como la capacidad e innovación de quien apueste a este tipo de ocupación.
Con la consigna “Vivir acá, trabajar allá, ganar allá y gastar acá”, el teletrabajo comenzó a tomar forma en Uruguay en 2002 con un taller impulsado por la empresa Netgate, en el marco de la crisis económica que afectó duramente la región, y actualmente se estima que más de 100.000 personas trabajan de esta forma, a veces como un complemento de un empleo formal y otras como único ingreso.
Unas 50.000 personas lo hacen exclusivamente para el exterior, sin relación de dependencia, explicó Álvaro Lamé, director de Netgate y presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, que prevé que para fin de año habrá entre 70.000 y 80.000 teletrabajadores de este tipo en el país.
Según una encuesta realizada por el Grupo Radar en 2009, el ingreso medio de estas personas fue de 950 dólares por mes. Eso implica que Uruguay recibió más de 500 millones de dólares el año pasado por teletrabajo, una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que representa la mitad de las ventas de carne al exterior (970 millones de dólares en 2009), principal producto de exportación del país. En 2007 el 5% de los teletrabajadores estaba en el interior del país, mientras que dos años después el porcentaje ascendió a 40%. El fuerte crecimiento del teletrabajo lo puso en la mira de los legisladores, que buscan terminar con el vacío legal absoluto respecto a esta actividad económica que por su propia flexibilidad deja a los trabajadores sin ninguno de los beneficios de seguridad social que tiene un trabajador común.