Opinion | 26 Jun Las negociaciones y sobre todo las explicaciones que está encarando el equipo económico de gobierno hacia lo interno partidario, ante una instancia clave para el país que está para dilucidarse, como lo es la elaboración y posterior remisión al Parlamento de la Ley de Presupuesto Quinquenal, dan la pauta de la importancia que reviste este instrumento, que sin dudas significa nada menos que traducir a números el programa de gobierno que fuera delineado durante la campaña electoral, y que implica el desafío de conciliar las propuestas con la realidad.
En las últimas horas, el equipo económico --que es encabezado por el ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo-- expuso los aspectos más relevantes del proyecto estructurado por el Poder Ejecutivo ante un sector del Frente Amplio, alineado con la línea moderada de la coalición de izquierdas, por el que se apunta a satisfacer una serie de demandas en sintonía –según afirman—con el objetivo de seguir combatiendo la pobreza y la indigencia, pero con “voluntarismos” controlados y haciendo eje en la experiencia de los últimos cinco años.
Entre otros aspectos, además, se mantiene el 4,5 por ciento del PBI a la enseñanza, pese a los reclamos de mayor presupuesto por los gremios del sector, lo que augura desde ya problemas, así como demandas –muchas de ellas absolutamente fuera de lugar, por decir lo menos— de aumentos salariales para funcionarios públicos con “pisos” que prima facie aparecen como muy lejos de las posibilidades reales del Estado, si es que más o menos se pretende tener controlado el gasto público.
Por supuesto, en materia de reivindicaciones salariales, y como en toda negociación, la estrategia ha sido pedir un máximo para luego rebajar el reclamo y situarlo en niveles más o menos razonables, a medida que se desenvuelve la negociación, pero lamentablemente nos estamos encontrando ya antes de negociar con planteos maximalistas y que ignoran el ABC de la cosa, que es nada menos que el de la disponibilidad de recursos, por cuanto se pretende ubicar la situación como si fuera simplemente una cuestión de voluntad política y no de dónde va a salir el dinero para satisfacer los reclamos.
No hace falta ser muy entendidos en materia de economía para inferir que el dinero, como siempre, va a salir del bolsillo de todos los uruguayos, porque el Estado no crea riqueza ni tiene recursos propios, sino que los detrae de toda la sociedad. Esto significa que cada punto en donde el Estado cede para quedar bien con los gremios y grupos de poder, es un mazazo más para el ciudadano de a pie, aquel que no tiene los privilegios del funcionario público ni la certeza de puesto asegurado de por vida, y de la empresa privada que a diferencia de las del Estado está obligada a que los números le cierren para no desaparecer, mientras debe mantenerse competitiva porque no goza de las ventajas de un monopolio como sucede con las empresas públicas. En otras palabras, la sonrisa efímera de unos pocos insaciables se logra a costa del sudor y el empobrecimiento de todo un país, al que descaradamente se le mete la mano en los bolsillos para hacerse de los recursos que se le exige al Estado.
Es decir que en materia presupuestal, el sentido común indica que lo menos que debe hacerse es meterse en camisa de once varas y por el contrario, ajustarse a posibilidades y realidades que no se estiran a voluntad, sino que tienen carácter rígido, al punto que lo que se da de más a un sector es porque se saca a otro, o se busca en su defecto obtener más recursos que inevitablemente recaerán sobre los mismos contribuyentes, los que por supuesto tienen una capacidad de aporte limitada. Lo que es más importante aún, la elaboración de un presupuesto supone no solo ver los recursos con que contamos y como lo distribuimos, en función de políticas, prioridades y objetivos a corto, mediano y largo plazo, sino sobre todo de las valoraciones que a priori se haga sobre como se va a presentar la economía del país en el período considerado, porque nunca hay certezas en este sentido.