Opinion | 25 Jun Desde la irrupción del sector maderero como fuente de exportación, en un país que no tenía árboles y que en los últimos veinte años ha pasado a contar con más de 800.000 hectáreas forestadas, se ha ido integrando una infraestructura consecuente en apoyo del desenvolvimiento de una actividad que no ha concitado unanimidades, con opiniones que han sido críticas en cuanto a la afectación del ecosistema, pero que como todo emprendimiento productivo e industrial, debe evaluarse en el contexto de la relación costo-beneficio.
Sin embargo en una evaluación general, puede asegurarse que ha tenido un efecto muy beneficioso en un país en el que hay un antes y un después de la Ley de Desarrollo Forestal aprobada sobre fines de la década de 1980, y que hasta ahora ha sido la única política de Estado vigente en el Uruguay, sostenida a la vez en los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual que estando en la oposición había cuestionado la norma.
A esta altura nadie puede dudar que las implantaciones forestales son una riqueza indiscutible del país, y que acaso el gran aspecto pendiente es incorporar un mayor porcentaje de valor agregado a esta materia prima.
Como todo emprendimiento, las industrias forestales buscan rentabilidad para sus inversiones, pero no necesariamente los instrumentos con la obtienen coinciden con los intereses del país.
De esta forma la elaboración de celulosa y otros procesos que incorporan valor agregado incipiente a la materia prima sirven a las empresas como opción de ingresos rápidos y para alimentar la industria papelera mundial, cuya cadena integran, pero en general hasta ahora todo lo que se ha hecho poco aporta en relación a fuentes de trabajo nacional. El problema es que el grueso de la producción está destinada a esos fines, y a pesar de las miles de hectáreas implantadas no hay madera de calidad que podría utilizarse para otros tipos de emprendimientos más beneficiosos para el país.
Una posible contribución en este sentido podría ser una modificación en la legislación vigente que exija al inversor destinar una cierta cantidad de campo a otras variedades de mejor calidad maderera, y que en algunos años sean el puntapié inicial para desarrollar carpinterías especializadas, mueblerías y otras alternativas con destino a la exportación y que generan más fuentes de trabajo especializado.
Se trata por lo tanto de ir corrigiendo imperfecciones u olvidos en la ley a luz de la experiencia vivida en los últimos veinte años, lo que implica potenciar el sector y sus beneficios y no una marcha atrás ni rectificación de rumbos. En este contexto debe evaluarse en los últimos días el lanzamiento del denominado Consejo Sectorial de la Madera, en acto que contó con la presencia de los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria Energía y Minería, del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otras autoridades de gobierno y empresarios vinculados al sector.
Debe tenerse presente que ya hay más de 800.000 hectáreas forestadas, por lo que se está ante un potencial de valor de exportación de no menos de 500 millones de dólares, para empezar, pero con la posibilidad cierta de duplicarlo. En el sector trabajan actualmente algo más de 15.000 personas, a lo que deben agregarse los empleos indirectos y una infraestructura muy diversificada, incluyendo su proyección en el sector energético.
Fue por este motivo que en 2009 el gabinete productivo incorporó el estudio del sector maderero. Allí se identificaron las debilidades, fortalezas y aspectos restrictivos de la producción, como la insuficiencia en el aporte del sistema de transporte multimodal, déficit en recursos humanos, la poca utilización de la madera en el mercado nacional y el todavía escaso desarrollo de productos con valor agregado.
Con todo esto corresponde entonces encarar los correctivos necesarios, y entre los más evidentes está el desarrollo portuario y del ferrocarril, carreteras, etcétera, pero también se deduce que hay que buscar la manera de lograr que parte de esa producción sea destinada a procesos que generen más riqueza y más mano de obra bien remunerada dentro de fronteras.