Opinion | 28 Jun Especialmente en países como Uruguay, donde son muy pocas las grandes empresas, es vital el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas economías empresariales como factor de dinamización de la economía, en tanto también son las mayores proveedoras de empleo del país.
Es así que cerca del noventa por ciento de las empresas uruguayas puede encasillarse en la categoría de PYME, que son sustento del esquema en las áreas industrial, comercial y de servicios, con una gran heterogeneidad sí, pero también con el común denominador de problemas que datan desde hace muchos años y que parten de la base de su propia pequeñez.
Uno de los déficit notorios, sobre todo en el caso de las microempresas, parte de la falta de idoneidad en la gestión, desde que el artesano, el herrero, el carpintero, en su emprendimiento generalmente de carácter familiar, debe desdoblarse de tareas propias de su oficio para encargarse de llevar adelante la parte empresarial, que le exige conocimientos en cuanto a gestiones ante determinados organismos e incluso otras empresas, distrayendo horas y horas de su actividad específica, y no siempre con buenos resultados.
En estos casos es vital contar con instrumentos de capacitación y asesoramiento, que debería proveer el mismo Estado a través de organismos como la propia Dinapymes, (Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas), pero a la vez con el apoyo de estos beneficiarios organizados debidamente en asociaciones que los sustraigan del aislamiento y consecuentemente de su desventaja respecto a emprendimientos de mayor tamaño, que tienen otras posibilidades para desenvolverse.
En este contexto debe valorarse la disposición manifestada por el nuevo director de Dinapyme, Pablo Villar, quien señaló que desde su dependencia se están encarando gestiones para rebajar el costo de tarifas de servicios públicos como los que prestan UTE y OSE, que para estos pequeños emprendimientos resultan proporcionalmente hasta tres veces más costosas que para las grandes firmas, en desmedro de su rentabilidad.
Otra faceta a encarar por esta dirección refiere a obtener a través de un relevamiento datos sobre las consecuencias más negativas de la reforma tributaria sobre el sector, a efectos de detectar falencias con el objetivo de promover eventuales correctivos o enmiendas que permitan atender estas necesidades.
Debe tenerse presente además que la presión tributaria excesiva tiene como consecuencia inmediata el pasaje de más empresas al informalismo, total o parcialmente, que es un mal endémico que sigue manifestándose con particular énfasis en nuestro país por una conjunción de factores que no han sido abordados en su integridad para generar la regularización masiva de las micro y pequeñas empresas. Por otra parte, la complejidad del sistema tributario uruguayo obliga a muchas pequeñas empresas a recurrir a profesionales para llevar la contabilidad, algo que no siempre se puede sustentar, o arriesgar a hacer las cosas con buena voluntad pero a riesgo de estar en infracción ante la DGI y otros organismos por falta de conocimiento del sistema.
Es paradojal, pero sobre todo muy negativo, que donde reside la mayor fuerza laboral del país haya altos porcentajes de informalismo, desde que esta irregularidad conspira contra el sistema previsional y la obtención de recursos por el Estado, pero a la vez perjudica abiertamente a dependientes y las propias empresas en infracción, por cuanto los involucrados son afectados en sus posibilidades de acogerse a los beneficios jubilatorios, al Seguro por Desempleo y servicios médicos, entre otras prestaciones del sistema.
El punto es que en este estado de cosas todos perdemos, empezando por los que están directamente en omisión pero también los aportantes de siempre al sistema, que se ven recargados en sus impuestos para sostenerlo. Hay omisiones de control en los organismos del Estado responsables, pero también una cuota de culpa por no haber logrado diseñar un sistema incluyente que realmente aporte beneficios para los que están trabajando fuera de la legalidad, y a la vez consideran que lo que obtienen como rentabilidad apenas les da para subsistir y que por lo tanto no tienen margen para poder estar al día con sus aportes. De todas formas, se crea además una competencia desleal entre quienes pagan y quienes no, y es explicable que a la vez haya empresas que hayan considerado que integrarse parcialmente al trabajo en negro les genera una forma de poder competir con quienes a la vez trabajan con menores costos al estar al margen de la legalidad.
Se requiere por lo tanto una gran dosis de imaginación, sentido común y responsabilidad, sin medir costos políticos, para generar condiciones que realmente permitan integrar al circuito formal a amplios sectores de actividad que hoy están tratando de sobrevivir, y que no hacen mucho más que vivir el hoy con una seria interrogante sobre lo que les ocurrirá en un futuro no muy lejano, cuando se llegue al fin de la vida activa y el emprendimiento familiar no ha logrado crecer ni legalizarse, quedando con una mano atrás y otra adelante en el peor momento.