Opinion | 01 Jul El Consejo de Educación Primaria analiza la adopción de medidas para abatir el ausentismo escolar y también la deserción. Según declaraciones del presidente de dicho consejo, Oscar Gómez, los índices más altos de ausentismo se registran en Educación Inicial (4 y 5 años) debido a que muchos padres aún no han asumido que a esa edad la educación de los niños ya es obligatoria.
La estadística indica que unos 4.000 de los 385.000 niños que concurren a Primaria abandonan el sistema educativo antes de terminar el año lectivo pero también preocupan el denominado “abandono intermitente”, concepto que engloba a aquellos alumnos que tienen hasta 70 faltas a clase durante el año.
Tras asumir, las autoridades del actual Consejo de Primaria anunciaron el inicio de una campaña de sensibilización ya que, de acuerdo a los datos que tiene Primaria, el 50% de los niños del país no va a clases más de 150 días al año cuando el total de días lectivos es de 182.
El problema no es de fácil solución e, indudablemente, existen una serie de factores que lo determina. No obstante, resulta claro que algo hay que hacer al respecto porque las inasistencias afectan el aprendizaje además de debilitar el vínculo del niño con la escuela como ámbito de educación y socialización.
Por otra parte, queda claro que en la amplia mayoría de los casos cuando un niño falta a la escuela lo hace con conocimiento y aceptación de sus padres. Así que fundamentalmente a éstos debe dirigirse el mensaje de cualquier campaña o adopción de medidas.
En este sentido, Primaria pondrá en conocimiento del Banco de Previsión Social los nombres de los alumnos que no concurran a clase, de forma tal que se suspenda el pago de asignaciones familiares, como forma de castigo a los padres que no los envían a la escuela. Y no sólo está bien que lo haga sino que debería ser una práctica usual puesto que el pago de dicho beneficio de seguridad social ha estado históricamente atado a la escolaridad y, más recientemente, la atención de la salud. La educación es un derecho humano fundamental que los niños no están en condiciones de reclamar por sí mismos. Por eso, es el Estado quien debe velar por ese derecho supremo y garantizar a cada uno el acceso a la escuela.