Opinion | 03 Jul En unos diez a quince días se espera que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, eleve a la bancada frenteamplista el anteproyecto de ley respecto a la regulación de emprendimientos conjuntos entre el sector público y privado, la que se considera una de las iniciativas más importantes a discutir en el primer año de la presente legislatura.
De acuerdo a lo que ha trascendido, este proyecto establecerá un marco jurídico para las asociaciones entre públicos y privados y asimismo para las asociaciones entre sectores públicos. Incluso el senador oficialista Ernesto Agazzi dijo al diario El País que “el Ministerio de Economía ya tiene definida esa ley, que no será poca cosa, será una novedad”.
La iniciativa será discutida por la bancada del partido de gobierno antes de su ingreso formal al Parlamento, debido a que “la idea es que los legisladores discutamos todo antes de que vengan los proyectos de ley”, según indicó al mismo medio periodístico el diputado oficialista Gonzalo Mujica, integrante de la Comisión de Hacienda.
Si bien a primera vista este puede parecer un tema menor, en realidad se trata de un instrumento legal que se considera necesario para regular una figura que puede ser un muy buen instrumento para potenciar emprendimientos que no puede abordar el Estado por sí solo y que a través de la asociación contaría con una posibilidad de ejecución y de gestión que no tiene en las actuales circunstancias.
Hay una amplia gama de posibilidades para operar mediante este mecanismo, por cuanto la asociación implica un fortalecimiento de la firma emprendedora, y en el caso del Estado, ahorrar recursos públicos que podrían volcarse a otras áreas en las que el Estado es sí imprescindible, al punto de que este mecanismo de asociación debería ser un primer paso para trabajar en pos de reducir el Estado “paquidérmico” como también suele decir el presidente José Mujica.
Posiblemente el hecho de que se haya iniciado el segundo gobierno de la coalición de izquierdas influya para que se encare una reformulación de la normativa a la luz de los obstáculos que se han presentado para la mejor administración de las empresas y organismos públicos, superar sus limitaciones y transferir áreas al sector privado, ya sea por la vía de la concesión como por la eventual asociación que se regulará por este instrumento. No puede obviarse asimismo que este sea un elemento que forme parte de la mentada reforma del Estado que hasta ahora sigue en agua de borrajas, y que según manifestaciones del mandatario pretende ser inclusiva y con participación de quienes hasta ahora se han opuesto a rajatabla a todo intento de introducir cambios en este sentido, que son las gremiales de funcionarios públicos nucleadas en el Pit Cnt.
Éstas precisamente se han opuesto tenazmente a toda innovación, e incluso promovieron un plebiscito que derogó la Ley de Asociaciones de Ancap, considerada en su momento como un instrumento idóneo en este mismo camino, al punto que fue apoyada en el Parlamento por el sector del entonces senador Danilo Astori, pero que encontró la resistencia del resto del Frente Amplio. Con una campaña demoledora junto a los funcionarios del Estado se llevó adelante una campaña feroz, con argumentos como que vendrían “piratas” con un parche en el ojo para llevarse la riqueza de los uruguayos al extranjero.
Pero el ejercicio del gobierno, el estar del otro lado del mostrador, el asumir las responsabilidades de conducción del país han derivado en profundos cambios en la óptica de quienes pensaban de aquella manera, y es así que el Frente Amplio ha adoptado decisiones que han ido en contrario de lo que había predicado desde siempre en la oposición, porque más allá de las teorías y los eslóganes hay una realidad que no se puede cambiar y que indica que la burocracia, las dificultades de gestión, la inamovilidad, la escasa productividad y los monopolios, son una rémora que conspira contra el desarrollo y la calidad de los servicios que presta el Estado.
Y si bien todavía no se conocen los términos de la norma que se promueve para regular estas asociaciones público privadas o entre sectores del propio Estado, siempre es bienvenida una rectificación de rumbos, a cuenta de mayor cantidad y/o calidad, y sobre todo de la reforma del Estado que sigue durmiendo el sueño de los justos.