Opinion | 04 Jul En las últimas horas el Poder Ejecutivo efectuó el lanzamiento del denominado Consejo Sectorial de Energías Renovables, el que será presidido por el ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, con el objetivo de aprovechar al máximo la potencialidad de la energía solar y eólica, así como la producción de biomasa y combustibles con granos oleaginosos como la soja.
Al referirse a los argumentos para encarar estos objetivos a través de la incorporación de este grupo de trabajo, el secretario de Estado explicó que el país “gasta mucha electricidad en calentamiento de agua, lo que ha sido determinante para que se busque aprovechar al máximo posible el potencial que tiene en el Uruguay la energía solar térmica”.
Asimismo se manifestó optimista en cuanto a que la integración del Consejo Sectorial de Energías Renovables permitirá acelerar el crecimiento en la oferta de estas fuentes de generación en el corto plazo, y que naturalmente es preciso crear las condiciones para que haya conciencia general pero a la vez instrumentos para poder alcanzar este objetivo.
Incluso el Poder Ejecutivo ha reafirmado la meta de llegar al año 2015 con un 50 por ciento de energías renovables en nuestra matriz energética, lo que no es poco decir para un país que hasta no hace mucho ignoraba olímpicamente otras fuentes energéticas que no encajaran con el esquema tradicional de hidroelectricidad y petróleo, que hace muy pocos años incorporó el gas natural y al que ha utilizado solo parcialmente. Respecto a la sub utilización de este último, una de las razones radica en los precios, pero también en buena medida en la escasa confiabilidad de la Argentina, que es la que suministra el gas y tiene sustanciales diferencias de precios entre el valor de exportación y el que vende en su mercado interno, lo que implica un elemento distorsionante y discriminatorio, en desmedro de los sectores productivos de esta orilla, que trabajan así con mayores costos respecto a sus vecinos.
En las páginas de EL TELEGRAFO venimos bregando desde hace ya una década, por lo menos, en favor de la incorporación del biodiesel a nuestra matriz energética, por considerar que el biocombustible significará un factor altamente positivo para reducir nuestra dependencia de los combustibles importados, como el petróleo, mediante su mezcla con gasoil, a la vez de abatir índices de contaminación ambiental y sobre todo evitar la fuga de recursos al exterior por la compra del producto. Por añadidura, conlleva reciclar millones de dólares al año en el circuito interno por la producción de oleaginosas y elaboración de biodiesel, con el agregado de la consecuente infraestructura de apoyo.
A través de la Ley de Biocombustibles se ha establecido un marco legal que tiende a ese objetivo, felizmente, y es así que ya se está elaborando biodiesel para Ancap, a efectos de su mezcla en porcentajes que irán creciendo hasta por lo menos el 5 por ciento, pero es fácilmente utilizable en porcentajes mucho mayores si se cuenta con un volumen de producción suficiente.
Igualmente, pese a los enunciados que han cobrado fuerza, enmarcados en el objetivo de llegar al 2015 con un 50 por ciento de energías renovables, no puede perderse de vista que una cosa son las decisiones políticas del gobierno central, que son plenamente compartibles, y otra muy distinta la instrumentación que se ha desarrollado hasta ahora y que depende de organismos como la UTE, donde hay directores y mandos medios que cuidan su “chacrita” y que hasta ahora habían actuado con displicencia y celos burocráticos que han desdibujado las prioridades, para ensañarse con la letra chica y desalentando a potenciales inversores en generación a partir de biomasa. Un ejemplo claro lo tenemos con la fábrica local Azucarlito, que hace más de tres años se presentó a la licitación para vender energía firme a UTE a través de la generación de electricidad por biomasa, y que debió desistir del proyecto, como lo hicieron también otros empresarios, por cuanto el organismo topeó a posteriori el precio a pagar por el megavatio, en forma arbitraria. Ante esta decisión, Azucarlito reconvirtió su proyecto y optó por volcarse a producir en el mercado spot, es decir vender al ente solo cuando los precios lo hicieran rentable, lo que retrasó la ejecución del proyecto, en el que se están haciendo a esta altura las últimas pruebas para integrarse a generar de firme en los próximos días. Esta demora en las licitaciones le ha hecho perder además muchos millones de dólares al país por concepto de compra de electricidad a países vecinos, que nos la venden a precio de oro y a la vez siempre con el factor adicional de mantener la dependencia, por lo que estamos ante elementos que deben ser tenidos en cuenta por el consejo sectorial recientemente creado a efectos de intervenir decididamente en favor del interés común cuando las circunstancias lo hagan menester, y se trabaje denodadamente por hacer realidad las políticas anunciadas, por encima de los intereses particulares de los organismos que siguen resistiéndose a perder porciones de poder.