Locales | 03 Jul El juez federal de Entre Ríos, Gustavo Pimentel, aceptó en la víspera la intervención del Estado argentino como querellante en la causa contra la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, había solicitado que el procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha, actúe como querellante, en representación del Estado argentino, en la causa contra una veintena de asambleístas sobre los que recaerían hasta 18 cargos de índole penal y civil. Luego de más de tres años y medio de bloqueo fronterizo y luego de la solicitud de comerciantes entrerrianos a la Justicia para que obligara a los manifestantes a liberar el paso, el gobierno argentino decidió acusar a unos veinte integrantes de la Asamblea de Gualeguaychú de delitos de amenazas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a delinquir, intimidación pública, apología del delito, atentados al orden público, constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.
La presidenta también pidió investigar la muerte de un vecino de Entre Ríos al chocar contra una zorra de un camión atravesada en la ruta en el piquete, lo que el juez de Concepción del Uruguay rechazó por considerar que en el contexto de la protesta “no existían razones sensatas para suponer el carácter prohibido” del bloqueo, según informó Clarín.
“Si se tiene en cuenta el contexto social imperante, la ausente actividad prevencional, la opinión jurídica de la representación estatal ante organismos internacionales y la declaración legisferante de esta provincia, es evidente que en la subjetividad de todos aquellos que llevaran adelante la medida de fuerza no existían razones sensatas para suponer el carácter prohibido de su hecho”, sostuvo el juez. La semana próxima el nuevo canciller argentino, Héctor Timerman, se reunirá con una delegación de la Asamblea.